La Gerencia de Urbanismo no ha tenido un buen año. Basta ver el resultado de la liquidación del presupuesto del 2012, que aprobará el lunes su consejo rector y que arroja un déficit de 3,1 millones de euros, que es más del doble del registrado en el 2011, cuando fue de 1,1 millones. Ese remanente negativo de Tesorería obligará al organismo municipal a adoptar medidas, como la reducción de gastos por esa misma cuantía, el concierto de una operación de crédito por ese importe o la aprobación del presupuesto del presente ejercicio con un superávit de 3,1 millones como mínimo. El informe de Intervención que acompaña a las cuentas insta a tomar una de las tres medidas o a combinarlas todas y concluye que Urbanismo "se enfrenta a una importante crisis de liquidez, ya que sus recursos a corto plazo no alcanzan a cubrir las necesidades en que se ha incurrido". Además, señala que el resultado presupuestario del ejercicio, que acaba con un saldo negativo de 1,5 millones, indica que no ha sido capaz de generar recursos para atender las obligaciones. Y todo pese al esfuerzo hecho de contención de gasto, que ha derivado en un ahorro de 1,7 millones.

El informe censura la diferencia entre lo previsto y lo real. Significativo es que Urbanismo preveía ingresar por multas coercitivas 1,9 millones y solo ha ingresado 11.600. Algo similar ocurre con las transferencias corrientes del Ayuntamiento por sanciones urbanísticas. Se preveían un millón de euros, de los que se han ingresado cero. En este sentido, el informe pide que se mejoren "las políticas recaudatorias". A todo esto se une que la Gerencia de Urbanismo acumula 2,4 millones de euros considerados de "dudoso cobro" y 5,3 millones en gastos de pendiente aprobación, de los que el 92% corresponden a obligaciones derivadas de sentencias firmes por expropiaciones. Se trata de dinero que debe pagar y que no está presupuestado. Esto agrava más el remanente de Tesorería, que sería de menos 8,5 millones.

Precisamente el consejo aprobará el lunes pedir al Ayuntamiento un aumento de las transferencias por 1,3 millones de euros para hacer frente a gastos derivados de los intereses de demora de dos expropiaciones.