Los procedimientos relacionados con las hipotecas han seguido una línea de ascenso imparable en los últimos cinco años y el dato de que los lanzamientos subieron más de un 61% en el 2012 respecto al periodo anterior es más que significativo. Y es que fueron 971 los lanzamientos tramitados por el Servicio Común de Notificaciones y Embargos (SECO), lo que supone 2,6 expulsiones de vivienda al día.

Estas cifras han sido dadas a conocer por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), dentro de su informe de datos sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales del cuarto trimestre del 2012, que completa la anualidad. Este organismo ha dejado de elaborar estadísticas de embargos "por la escasa fiabilidad del dato, puesto que en este caso, muchos juzgados practican directamente el embargo sin que sea necesaria la intervención de los servicios comunes".

El CGPJ contabiliza un lanzamiento por cada bien inmueble cuyo desalojo o entrega posesoria se acuerde, sin tener en cuenta si se trata de una finca rústica, urbana o vivienda. En este apartado se incluyen tanto los lanzamientos que se acuerden en fase de ejecución como las entregas de posesión, o las resoluciones que supongan la entrega mediata por entrega voluntaria del bien.

Este tipo de procedimiento ha ido en ascenso desde el 2008, con 226 lanzamientos; en el 2009 se registraron 263; también subieron al año siguiente hasta los 433 y dieron un fuerte salto en el 2011 al llegar a los 599. Esta tendencia al alza se hizo más que evidente en el tercer trimestre del 2012, que con 670 lanzamientos superaba ya la cifra total del año anterior.

La evolución de los lanzamientos en Andalucía del 2011 al 2012 es del 39,3%, la segunda en España tras la comunidad de Madrid, que encabeza el listado con un 46%. Entre las autonomías con un índice negativo (bajadas) figuran Baleares, Cantabria, Cataluña y Navarra. La media nacional es del 13,1%, la tercera parte de la andaluza, lo que da una idea de cómo está castigando la crisis a la región.

La plataforma Stop Desahucios dispone de datos "a pie de calle" pues atiende a afectados por ejecuciones hipotecarias en seis puntos de información en la capital cordobesa --en las asociaciones de vecinos de Fátima, Valdeolleros, Parque Cruz Conde, Campo de la Verdad, La Viñuela y Lepanto-- "y vamos a tener que abrir más", según ha declarado a este diario Rafael Blázquez, portavoz de este colectivo. "Solo hay una solución, que es parar esta masacre, ante la avalancha brutal de situaciones drámaticas que estamos viendo".

MAS CAMBIOS Blázquez recuerda que el Congreso de los Diputados debe debatir "el acuerdo de mínimos" que supone la iniciativa legislativa popular para modificar la Ley Hipotecaria e insiste en que "hay que cambiar la Ley de Enjuciamiento" para evitar "este tipo de situaciones". Esto colectivo consiguió movilizar en la calle a miles de personas en febrero para que se paralizaran los desahucios, en una marcha marcada por el suicidio de un vecino de Córdoba.