La vicesecretaria general del Partido Popular de Córdoba, Beatriz Jurado, ha pedido al Partido Socialista que deje de confundir a los ciudadanos y pague las políticas sociales a los ayuntamientos de la provincia de Córdoba.

Así, Jurado he hecho referencia a las últimas declaraciones del PSOE que relacionan la Reforma de la Administración Local con la pérdida de políticas sociales a los ayuntamientos.

La senadora popular ha recordado que el Partido Popular lleva trabajado en una comisión de seguimiento de esta reforma desde el pasado mes de febrero para aportar nuevos puntos de vista y mejorar su articulado. Ha sido un lugar de encuentro y debate sobre esta reforma, de la que presentamos unas conclusiones, y en la que desde entonces seguimos trabajando para dar a conocer sus objetivos básicos, que no son otros que clarificar competencias en la administración local y evitar duplicidades; ahorro del gasto público, y para ello la administración es la primera que debe dar ejemplo a los ciudadanos; dar sentido a la sobredimensión de la administración, y mejorar los servicios públicos destinados a todos los ciudadanos, con eficacia, y eficiencia.

Solo en la provincia de Córdoba contamos con 107 organismos públicos, 75 ayuntamientos, 6 ELAs, 7 mancomunidades, 7 GDR, 7 UTDELT, con competencias en cada uno de ellos. Entre 2005 y 2011 ha crecido el sector público un 25%, y en concreto el caso de las fundaciones llama la atención con un 78% de incremento en este periodo, dice Jurado, y añade, aunque lo más preocupante en la deuda de 55.520 millones de euros que arrastran estos organismos.

Ante esta situación, no entendemos la postura del bipartito andaluz de PSOE e IU que se opone a la reforma de la administración local, sin argumentos y solo por buscar la confrontación política, para seguir cargando a los ayuntamientos con competencias de la Junta de Andalucía.

“Es muy lamentable que desde el PSOE se use vilmente esta reforma para crear, una vez más, alarma social entre los ciudadanos. Su único objetivo es conseguir rentabilidad política al mismo tiempo que meten miedo a los ciudadanos, que es lo que mejor saben hacer desde el Partido Socialista”, dice Jurado, y añade, “en vez de gestionar y gobernar, critican y asustan a la gente utilizando para ello las políticas sociales que son las más sensibles para la sociedad”.

En concreto, Beatriz Jurado se ha referido a las declaraciones de la portavoz de Bienestar Social del Parlamento y responsable Electoral del PSOE-A, Soledad Pérez, quien una vez más ha dado muestras de su falta de conocimiento de la administración al criticar la reforma de la administración local y relacionarla con las políticas sociales.

En primer lugar, esta señora ha dicho que la reforma de la administración local hurta a los ayuntamientos las políticas sociales. Está claro que no conoce el ordenamiento jurídico de la administración, ya que tanto en el artículo 148 de la Constitución Española como el artículo 61 del Estatuto de Autonomía Andaluz, se establece que las competencias sobre las políticas sociales corresponde a la Junta de Andalucía.

“No se quita lo que no es de uno, lo único que hacen los ayuntamientos es asumir competencias de la Junta ante la ineficacia de ésta”, dice Beatriz Jurado. “Los ayuntamientos son solo un instrumento de la Junta de Andalucía para gestionar esas políticas sociales, y lo hacen a pesar de la Junta no les paga, los asfixia y los carga con competencias que no le corresponde”. Ejemplo de ello es que la Diputación de Córdoba, que presta estos servicios en municipios menores de 20.000 habitantes, ha adelantado 4 millones de euros del servicio de ayuda a domicilio que corresponde a la Junta y no lo paga. O también, la firma del convenio de dependencia correspondiente al primer semestre del año, que la Junta todavía no ha llevado a cabo.

La estructura orgánica de la Consejería de Bienestar Social cuenta con una consejera, una viceconsejería, una secretaría general de Calidad e Innovación, una secretaría general de Salud Pública, Inclusión Social y Calidad de Vida, una secretaría general de Planificación y Evaluación Económica, las 8 delegaciones territoriales de cada provincia, con muchos cargos a su servicio, además de 13 organismo adscritos, entre empresas públicas, agencias, fundaciones, escuelas, etc. “Y con toda esta estructura, son los ayuntamientos los que están tapando las vergüenzas de la mala gestión y la ineficacia de la Junta en políticas sociales”.

Además, Soledad Pérez se preguntaba qué pasará con 27.886 trabajadores del ámbito de los servicios sociales en Andalucía. “Esa pregunta debería hacérsela a su Consejera, ya que todos ellos son trabajadores de la Junta de Andalucía, que cobran con fondos de la Junta y que dependen de los vaivenes de la mala gestión del gobierno andaluz”, dice. Nos preguntamos si con estos trabajadores va a pasar lo mismo que con los promotores y orientadores de empleo y los ALPE, ¿también los van a desmantelar?.

Desde el Partido Popular de Córdoba pedimos a Soledad Pérez y al PSOE que si de verdad les preocupan las políticas sociales, paguen los más de 24 millones de euros que la Junta debe a los ayuntamientos cordobeses y a la Diputación en políticas sociales, que hagan las valoraciones de los nuevos dependientes que tienen paralizadas desde hace meses, que cumplan con los ayuntamientos pagando su deuda y firmando los convenios para 2013.