A partir de ahora los jueces deben actuar de oficio, paralizando los procesos de ejecución hipotecaria que están en marcha para analizar posibles cláusulas abusivas y revisando los que se han producido. Hasta ahora solo lo hacía algunos por propio convencimiento de que se estaban vulnerando las leyes europeas". Así exponía ayer Rafael Carmona, portavoz de Stop Desahucios de Córdoba, su impresión sobre el efecto inmediato que tendrá la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que este jueves establecía que el sistema español de desahucios vulnera el derecho europeo sobre protección de los consumidores. Una sentencia que el colectivo recibe con "satisfacción", pues esperan que el Gobierno, "que ha mostrado poca sensibilidad y habla en boca de los bancos, actúe en consecuencia".

ESTADO DE EMERGENCIA Stop Desahucios instó ayer a la Junta de Andalucía a declarar el estado de emergencia habitacional, similar al que se decreta por catástrofe natural, a partir de un documento consensuado a nivel andaluz por los colectivos en defensa de la vivienda digna.

La plataforma considera que la problemática habitacional, acentuada por la crisis y la burbuja inmobiliaria, "está llevando a la marginalidad a muchas familias que se ven fuera de sus casas o hacinadas en condiciones infrahumanas", expuso Rafael Carmona. Por ello, ayer se concentraron en los ministerios de Tomás de Aquino para exigir a la Junta que "asuma su responsabilidad en base a la legalidad".

En este sentido, apelan tanto al artículo 15 de la Constitución, que consagra el derecho a la vida y a la integridad física y moral, como a la ley 2/2002 de Gestión de Emergencias en Andalucía, que contempla "situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofes y calamidades públicas", incluyéndose en el Plan Territorial de Emergencias de Andalucía como dicho riesgo "las malas condiciones de habitabilidad". Para Stop Desahucios, la declaración de emergencia supondría la suspensión "definitiva" de las órdenes judiciales de lanzamientos, la puesta a disposición de las viviendas vacías que están en manos de los bancos a personas necesitadas y la activación de los suministros de agua, luz y gas a quienes están privados de ellos.

La plataforma subrayó que Andalucía es la región con más ejecuciones hipotecarias (16.313 en el 2011) y la segunda en lanzamientos (9.864). En la provincia de Córdoba, estiman unos 4.700 desahucios de 2008 a 2012.