El Partido Popular de Córdoba ha constituido una comisión para estudiar la aplicación de la reforma de la administración local, anunciada por el Gobierno. En líneas generales la aplicación de la normativa supondrá, según los populares, un ahorro importante para los ciudadanos, si bien aún no se ha cifrado dicho ahorro. En el caso del Ayuntamiento de Córdoba, según afirmó ayer José María Bellido, el trabajo está prácticamente hecho porque ya se empezó a recortar en junio del 2011 adelantándose a esta reforma. El vicesecretario de Empleo y Economía del PP recordó que ya se han ahorrado un millón de euros en personal de confianza y que el número de asesores ha sido reducido a 29, el mismo número que de concejales. Tampoco tendrán que rebajar sueldos ni del alcalde, ni de los concejales, ya que están muy por debajo de la media. Lo único en lo que podría afectar la reforma de la administración local, en el capítulo de personal, es en la liberación de un concejal.
Por otro lado, Bellido valoró que la reforma clarifique competencias de las administraciones, de modo que los ciudadanos podrán saber a quién dirigirse en cada caso. Además, la ley obligará a someter los servicios públicos a exámenes de calidad y habrá que acreditar la eficacia en su gestión. Por último, Bellido cree que se da respuesta a dos demandas históricas del municipalismo: la posibilidad de que el Ayuntamiento ante una deuda de la Junta acuda al Estado para que adelante el dinero vía presupuestos --en este sentido recordó que la Administración andaluza debe a Córdoba 4 millones en políticas de dependencia--; y que se puedan compensar las deudas entre dos administraciones.
Por su parte, la vicesecretaria de Política Municipal del Partido Popular de Córdoba, Pilar Gracia, informó que la norma afectará solo a las mancomunidades y entidades locales autónomas (ELA) que sean deficitarias.
