La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha criticado el "retraso social" que supone la reforma de la Justicia, ya que, según ha informado, tiene cambios para la tramitación de los actos judiciales, hechos y circunstancias que guardan una estrecha relación con la identidad de las personas. Además, ha indicado que con la nueva ley, los ciudadanos pagarán por las inscripciones y certificaciones que eran gratuitas, ya que el Gobierno entregará esas actuaciones a los registradores, que cobrarán por esos servicios. Según cálculos de CCOO, en Córdoba habría más de 90.000 trámites judiciales anuales hasta ahora gratuitos, que con las nuevas tarifas supondrían un desembolso por parte de los usuarios de más de un millón de euros anuales.
