Crecerse ante los problemas, crear alianzas entre los débiles y repetir cada mañana: "No nos moverán". Esa es la receta con la que los miembros de la plataforma Stop Desahucios se mantienen firmes en su lucha, conscientes de que claman justicia aunque la ley no esté aún de su lado. Porque una cosa es la ley y otra la justicia.

La historia de Lorena y Carlos empieza en el marco de un contexto social, económico y laboral muy distinto al actual. Se conocieron en el año 2000. Los dos tenían trabajo y pronto pensaron en vivir juntos y formar una familia. Durante meses, buscaron una vivienda de precio asequible a su bolsillo en la que instalarse con su hijo, que ahora tiene diez años. Aquella búsqueda se colmó en el 2005, cuando localizaron un piso de 40 metros en Las Costanillas y, como tantas familias, ajenas a la crisis que acechaba a los países del primer mundo, firmaron una hipoteca de unos 96.000 euros (16 millones de las antiguas pesetas), seguros de poder cumplir los pagos. La vida les sonreía hasta que la burbuja inmobiliaria estalló en España y el euríbor empezó a subir sin previo aviso. "Al principio, pagábamos 350 euros, pero hubo un momento en que las mensualidades alcanzaron los 750", explica Lorena. A eso se sumó su despido. "Trabajaba en CCOO, en la sección de Inmigración, pero redujeron personal y me tuve que ir a la calle sin poder cobrar el paro", dice mientras lee mi cara de incomprensión. "Sí, me quedé sin paro porque me faltó un día por cotizar", añade, "aunque parezca mentira".

Con un único sueldo, el de Carlos, empleado en una fábrica de cristal, y con las cuotas de la hipoteca en alza, la situación económica de la familia fue empeorando progresivamente. Durante unos meses, Lorena, de origen ecuatoriano y nacionalidad española, cobró una ayuda de 400 euros. Poco después, su marido también se quedaba en el paro. "La fábrica se trasladó a Valencia y a mí me despidieron", recuerda en voz alta. Con los recursos mermados, acudieron a su banco, que les ofreció una moratoria de dos años durante los cuales pagaron 300 euros en lugar de 750. "Cuando el plazo se cumplió, volvieron a cobrar 700 euros y tuvimos que decidir si comíamos y dábamos de comer a nuestro hijo o pagábamos la hipoteca, así que dejamos de pagar al banco", comentan, al tiempo que insisten en que "a partir de ese momento fue imposible renegociar otra fórmula con la que afrontar la deuda con el banco" ajustándola a los ingresos de la familia. "No teníamos dinero para las mensualidades y nos pedían una aportación de capital para empezar a hablar, ¿cómo íbamos a pagar eso?", recalcan. "El siguiente paso fue el acoso telefónico, no sé si del banco o de alguna empresa contratada por ellos", comenta Lorena, "hasta que recibimos la carta en la que nos anunciaron que la vivienda iba a ser subastada y desalojada después".

El mundo de Carlos y Lorena, "sin apoyo familiar" se derrumbó, desesperados, sin salida, hasta que contactaron con la Plataforma Stop Desahucios. "Habíamos buscado un abogado de oficio, pero se limitaba a recomendarnos que buscáramos dinero y un piso de alquiler", relata Carlos indignado mientras Lorena explica que "la cosa cambió cuando acudimos a la oficina del banco con la plataforma". Y añade: "Si vas solo, te tratan como basura, pero cuando vas respaldado por los abogados y la gente, la actitud cambia y se ven obligados a negociar". Aunque todavía no han firmado nada, ahora está sobre la mesa "la dación en pago y un alquiler social".