El 'Movimiento antirrepresivo de Córdoba' ha criticado este viernes que un total de 36 ciudadanos fueran expedientados en el año 2012 por participar en diversas concentraciones que no fueron comunicadas a la Subdelegación del Gobierno en Córdoba.

En una concentración frente al edificio del Ejecutivo central en la provincia, uno de los representantes del colectivo, Guillermo Contreras, ha manifestado que "en la medida que las concentraciones están convocadas en las redes sociales y no son secretas, la administración tiene pleno conocimiento de la celebración de las mismas", con lo cual, a su juicio, "el requisito constitucional de comunicar está efectuado".

Dicho movimiento rechaza "el incremento de la represión con que el Gobierno, el aparato judicial y las fuerzas de orden público están respondiendo a las concentraciones y manifestaciones, con las que la ciudadanía está expresando su resistencia a las políticas de recorte de los derechos sociales y laborales conseguidos tras decenios de movilizaciones y reivindicaciones".