A seis días de la esperada inauguración del Paseo de la Ribera --se espera que se produzca el día 28 con la asistencia del presidente de la Junta, José Antonio Griñán--, las administraciones siguen sin firmar el convenio que avale el traspaso y la recepción del centro de recepción de visitantes. Entre los porqués del retraso, amén de cuestiones de índole más político o pragmático como poner de acuerdo las agendas de los representantes políticos, está el modelo de gestión del edificio clave de esta obra. El concejal delegado de Turismo, Rafael Navas, reiteró ayer la intención del Ayuntamiento de replantearse cómo explotarlo: "Queremos optimizar la gestión, pues no es razonable que la cafeterIa se gestioné por un lado y la tienda, por otro, por ejemplo. Hace falta seguridad, limpieza... Hay que optimizar la gestión para que sea lo más eficiente cumpliendo los objetivos del centro". Hace unos días ya avanzó que la apuesta del PP será la gestión público-privada, mientras que la Junta de Andalucía ha advertido en más de una ocasión públicamente que debería ser pública. Lo que se piensa en la Delegación de Fomento es que una cosa es la gestión del bar, la seguridad o la tienda y otra, que la gestión del edificio sea completamente privada.
Al margen de este pulso, que Ayuntamiento y Junta mantienen con el retraso consiguiente en la firma del convenio, es evidente que el nuevo modelo que Navas defiende implica la obligación de sacar un nuevo pliego de condiciones para la explotación del edificio. Al anterior concurso, que se hizo público en el Boletín Oficial de Córdoba el pasado 7 de Julio del 2011, se presentaron más de una decena de empresas para gestionar la cafetería. En aquella ocasión el canon de explotación era de 22.648,46 euros anuales. La reformulación del contrato y las condiciones del mismo conllevará el lógico retraso para su adjudicación y, por tanto, para la apertura del centro. En cualquier caso, la inauguración y apertura de la Ribera al tráfico --en principio transporte público y peatones-- no tendría por qué verse afectada por estas nuevas condiciones que el Consistorio quiere imponer a la empresa adjudicataria.
