El proyecto de la Ciudad de la Justicia de Córdoba tiene visos de reactivarse si llega a buen término una operación que implica a un grupo inversor extranjero interesado por explotar esta infraestructura que pretende levantarse desde hace casi nueve años en un solar de 12.000 metros cuadrados en la zona de Arroyo del Moro. Según ha podido saber este diario, estos inversores han hecho llegar a la Consejería de Justicia e Interior, a través de una firma consultora, que estarían dispuestos a construir y explotar el inmueble en las condiciones en las que salió a licitación.

Como se recordará, la Junta de Andalucía adjudicó el 21 de noviembre del 2011 la ejecución de obras y gestión a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Corviam, Copcisa y Detea, que no pudieron iniciar los trabajos por falta de financiación, provocada en buena parte porque la última de estas sociedades entró en concurso de acreedores. El mismo día en que prescribía el plazo del comienzo de obra, la Consejería de Justicia dejó en suspenso la iniciativa por un periodo de un año con la esperanza de que la adjudicataria, formada ahora por solo dos de las empresas, encontrara dinero para acometer el proyecto.

Fuentes consultadas por este diario han asegurado que representantes de la consultora visitaron Córdoba recientemente para conocer sobre el terreno la ubicación del edificio. Esta firma intermediaria se ha negado a confirmar o desmentir la intención de los inversores, ya que "solo informamos de las operaciones cuando están cerradas".

La Ciudad de la Justicia es una de las infraestructuras que la Junta quiere que salga adelante mediante financiación público-privada. El coste del proyecto asciende a 345 millones de euros y la Administración andaluza pagará un alquiler anual de 8 millones de euros por el uso de las instalaciones, que albergarán todos los juzgados de la capital --ahora diseminados por media docena de edificios--, más la Audiencia Provincial, la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal.

Su explotación se otorgó por un máximo de 25 años, periodo tras el cual la titularidad del edificio revierte a la Junta. Durante ese tiempo, la empresa adjudicataria asume su mantenimiento y limpieza, la gestión del archivo judicial y la explotación de las placas fotovoltaicas del tejado y la cafetería, así como de las máquinas expendedoras de bebidas y alimentos, etcétera.

La construcción se ejecutará de acuerdo con el proyecto redactado por la empresa Aguas y Estructuras SA (Ayesa).