La situación de crisis en la que están sumidas las administraciones hace que se busquen fórmulas de financiación inéditas para los proyectos de construcción de infraestructuras. Aragón está aprovechando los restos de dos macroedificios de la Expo de Zaragoza para dotarse de una Ciudad de la Justicia que entrará en funcionamiento en primavera. El Gobierno autónomo venderá este año esta instalación por 52,6 millones de euros y a cambio de perder la titularidad la podrá usar pagando un alquiler. El pliego de condiciones está preparándose y ya hay un fondo de inversión interesado.
Este complejo de 62.000 metros cuadrados en el que se están efectuando obras albergará 62 juzgados en los que trabajarán unos 7.000 funcionarios y se está perfilando el traslado de los distintos juzgados, diseminados por toda la ciudad al igual que en Córdoba.
En Madrid también se ha buscado una alternativa. El proyecto de la Ciudad de la Justicia se paró en el 2008 y se reactivó en el 2011 con intervención privada, aunque en formato reducido. El Gobierno madrileño creó una empresa pública para impulsar esta iniciativa, pero ante las dificultades presupuestarias la disolvió. Varios fondos de inversión, entre ellos el norteamericano Carlyle Group, quieren hacerse cargo de la construcción y gestión y aguardan a que el concurso salga a lo largo de este año. Se trata de un conjunto de edificios de 200.000 metros cuadrados y se parte de que el Instituto de Medicina Legal ya está en pie. Esa comunidad gasta al año 33 millones en alquiler de sedes judiciales.
