Los españoles asociamos el turno de oficio con el juzgado de guardia y con el abogado que atiende a un detenido, pero este servicio es mucho más. La Constitución de 1978 refleja que "todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión" y para ello tienen derecho "a la defensa y a la asistencia de letrado".

Este artículo sienta las bases de la asistencia jurídica gratuita, una prestación a la que tienen acceso "los ciudadanos nacionales o extranjeros con residencia legal en España y los extranjeros sin residencia legal en España que acrediten insuficiencia de recursos en el proceso penal", también recogida en el articulado constitucional. Esto se traduce en que puede beneficiarse de ella toda persona física cuyos recursos económicos e ingresos de la unidad familiar, por cualquier concepto, no superen el doble del salario mínimo interprofesional. El Gobierno de Rajoy prepara una modificación de la normativa, en la que varía este baremo.

Antes de llegar al juzgado

La competencia de este servicio la tiene la Junta de Andalucía, que delega en los colegios de abogados de la región. El paso previo al proceso judicial es el servicio de orientación jurídica gratuita, suspendido desde el pasado martes por el Colegio de Abogados de Córdoba. Se presta en la sede colegial (en la calle Morería) y en una oficina de la Audiencia Provincial y sus responsables atienden a los demandantes que cumplen los requisitos. El expediente que se genera entra en un reparto entre los letrados adscritos al turno de oficio, que cubre materias relacionadas con menores, extranjería, violencia sobre la mujer, familia, contencioso administrativo, laboral, civil, penal y asistencia letrada al detenido en los partidos judiciales (que son doce) de la provincia, excepto Lucena, que cuenta con colegio y demarcación propia.

Dos millones

Los dos millones de deuda que acumula la Junta por el pago a los letrados --que ya han visto reducido sus honorarios un 10%-- y por el mantenimiento de la estructura, cuya asignación se ha reducido un 50%, son la principal causa de esta suspensión. La Junta asegura que "el servicio de orientación jurídica se ha pagado y estamos al día en este concepto. No hay motivo, por tanto, para su suspensión", dijo a este diario su delegada, Isabel Ambrosio. Los 381.000 euros abonados hace unos días, y con los que la Consejería de Justicia dice haber saldado la deuda, "corresponden a un resto que quedaba de la asistencia al detenido, pero del turno de oficio del 2012 no se ha pagado nada", dicen en el Colegio de Abogados. Su decano, José Luis Garrido, insiste en que "hasta que no se nos pague" no habrá más turno de oficio.

Lo que cuesta

El sostenimiento de la estructura del turno supone una serie de partidas que van desde el sueldo de cuatro personas hasta el teléfono, gastos de oficina, correos, mensajería, seguro de accidentes y un largo etcétera. La factura del tercer trimestre del 2011 ascendió a 88.000 euros, "que fueron debidamente acreditados", según el Colegio de Abogados. La asignación se redujo en el 2012 a la mitad y la Junta lo hizo modificando el reglamento. "Parece que la culpa de estos gastos la tienen los abogados, pero todo está más que justificado; el servicio es una obligación legal de la Junta al haber asumido las competencias", señala esta fuente.

Solo los viernes

El servicio de orientación solo se presta en Córdoba los viernes, si bien los abogados siguen atendiendo todos aquellos casos que afectan a los derechos fundamentales, como la asistencia a los detenidos o las causas urgentes que requieren la adopción de medidas cautelares, como órdenes de alejamiento. Esta medida se debe a que "la Junta nos ha rebajado a la mitad la asignación y tenemos que adecuar los servicios a lo que nos pagan", apunta Garrido. La Administración autonómica, por su parte, "no descarta adoptar medidas por los perjuicios que pueda ocasionar" la suspensión.

No es la única

La suspensión se activó en todos los colegios de abogados de Andalucía --todas las capitales más Jerez, Antequera y Lucena--, pero esta medida ya la habían tomado hace meses en Madrid, Alcalá de Henares o Canarias. De momento, esta huelga no está afectando al funcionamiento de los juzgados ya que solo se ha dejado de atender al demandante. Pero sumado al 'tasazo', a los recortes de sueldo a los funcionarios, a las demandas laborales y profesionales de jueces, fiscales y secretarios judiciales y a las reformas legales que se avecinan --como la función de los procuradores-- convierten a la Justicia en una papeleta de difícil solución para el poder ejecutivo.