Miembros de la Plataforma Stop Desahucios se concentraron ayer ante la puerta de la Subdelegación del Gobierno minutos antes de entregar en el registro un escrito de alegaciones contra seis expedientes sancionadores abiertos a otros tantos ciudadanos que los días 15 y 18 de junio pasados participaron en sendas concentraciones ante sucursales de Cajasur, convocadas sin previo aviso a la autoridad competente, para protestar por la amenaza de desahucio de familias, con la intención de propiciar la negociación entre el banco y los afectados.

En este sentido, la plataforma hace hincapié en que todas las concentraciones se han llevado a cabo bajo el principio de la no violencia y sin obstaculizar el tránsito de peatones o vehículos, consiguiendo hasta el momento "que ninguna familia de Córdoba integrada en Stop Desahucios esté hoy en la calle, lo cual ha sido aplaudido y reconocido por personas, organizaciones sociales e incluso instituciones". Asimismo, recalca que "ya que los poderes públicos no son capaces de conseguir que se respeten los derechos humanos, incluido el derecho a una vivienda digna, a los ciudadanos de a pie no les queda más remedio que asumir la defensa de las familias, por lo que resulta lamentable que la Subdelegación del Gobierno inicie procedimiento alguno por realizar esta defensa que debiera hacer el propio Gobierno al que representa".

LAS SANCIONES En cuanto a la no notificación de las concentraciones, motivo por el cual la Subdelegación habría iniciado el expediente sancionador (la multa puede ser de entre 300 y 3.000 euros), la plataforma insiste en que "resulta imposible notificar con diez días de antelación que se va a acompañar a tal o cual familia ante uno u otro banco, porque las familias acuden muchas veces a la plataforma cuando la situaciónes ya desesperada y urgente". En el escrito, se hace constar también que la propuesta de sanción responsabiliza al denunciado de la concentración, cuando es posible que fueran meros participantes, y que no se hace constar el procedimiento de identificación que se supone debió llevarse a cabo para conocer la identidad del denunciado.

La plataforma insiste en que la gravedad de la situación social generada en torno a los desahucios les obliga a continuar, con o sin sanciones, al tiempo que pide al subdelegado "que no se erija en el representante o defensor de los desahucios, lo cual no va a beneficiar a nadie".

Así, se mostraron confiados en que "nuestros motivos van a ser tenidos en cuenta y las denuncias se archivarán, porque no tendría sentido que con los centenares de familias que están en la calle el subelegado del Gobierno se pusiera a perseguirnos para denunciar cada vez que acompañamos a una familia". Asimismo, recordaron que "todas las convocatorias se han hecho públicas en las redes sociales y se ha actuado con exquisito respeto".

Por último, agradecieron el premio que la Asociación Pro Derechos Humanos les ha otorgado y que recibirán el próximo lunes.