El proyecto de construcción de la Ciudad de la Justicia de Córdoba se encuentra "sin novedad" después de que la Junta de Andalucía ampliara el plazo para el inicio de las obras al 23 de noviembre, según afirmaron ayer a este diario fuentes de la consejería. El problema de esta infraestructura que se pretende ejecutar mediante financiación público privada radica en que una de las firmas adjudicatarias (Detea) se halla en concurso de acreedores, aunque uno de los administradores concursales, Francisco Tato, asegura que esta situación "no es óbice para el desarrollo de otros compromisos" y la decisión de seguir adelante con el edificio judicial "la tomaría la propia Detea". Las otras dos firmas que componen la UTE adjudicataria son Copcisa Industrial y Corsán-Corviam Construcción. La deuda de Detea ronda los 40 millones de euros.

En caso de que el 23 de noviembre no hayan empezado las obras habría que volver al principio y retomar el proceso administrativo desde su inicio, lo que supondría un retraso de años, según destacaba en agosto la delegada de la Junta en Córdoba, Isabel Ambrosio. Los trabajos de construcción deberían haber arrancado el 23 de marzo.

MODIFICACION En la página web de la consejería figura que la Junta "está procediendo a la modificación de los pliegos de contratación para permitir un cambio el accionariado de la sociedad encargada de ejecutar las obras", tras la entrada en concurso de Detea, de manera que las otras dos empresas "van a hacerse cargo de las acciones correspondientes a Detea en la sociedad", extremo este que aún no se ha producido, según la información recabada por este periódico.

El propio consejero de Justicia, Emilio de Llera, reconocía en su última visita a Córdoba que no podía concretar una fecha para el inicio de las obras, aunque se mostró convencido de que la construcción comenzará "en esta legislatura". "Estamos en manos de los bancos", llegó a decir, pues de ellos depende que financien a Detea.

La Ciudad de la Justicia se levantará en un solar de 12.112 metros cuadrados en la zona de Arroyo del Moro y el sistema de financiación consiste en que la Junta abonará un alquiler por el uso de las instalaciones, que albergarán la totalidad de los órganos judiciales unipersonales de la capital cordobesa, así como la Audiencia, la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal, además de tener previsto espacio para crecimientos futuros.

La explotación del inmueble se otorga por un máximo de 25 años y tras ellos la titularidad del edificio revertirá a la Junta. En este periodo la empresa asumirá su mantenimiento y limpieza, la gestión del archivo judicial y la explotación de las placas fotovoltaicas del tejado y la cafetería, así como de las máquinas expendedoras de bebidas y alimentos.