LUGAR DE NACIMIENTO PEÑARROYA-PUEBLONUEVO

EDAD 66 AÑOS

CARGOS ANTERIORES PRIMER CONSEJERO DE EDUCACION, CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, SENADOR, PORTAVOZ DEL PSOE EN EL PARLAMENTO. DESDE ABRIL ES PRESIDENTE DE LA INSTITUCION.

Manuel Gracia es uno de los tres diputados que sigue en su escaño desde la primera legislatura andaluza, en 1982. En estos 30 años se ha granjeado fama de político de consenso, con carácter templado y al que siempre se puede acudir cuando las cosas se ponen tensas, como ocurrió con la crisis del PSOE de Sevilla y cuando se abordó con IU la Presidencia del Parlamento. Solo el nombre de Gracia pareció colmar entonces las inquietudes del grupo de Diego Valderas. Desde la atalaya de su sillón de segunda autoridad andaluza, ve con preocupación que haya comunidades que busquen privilegios que, asegura, los andaluces no van a consentir.

--¿Qué balance hace de estos cinco primeros meses como presidente del Parlamento?

--Aún es poco tiempo, pero se han sentado las bases de una nueva etapa que debe buscar una mejora de la representación, que tiene hoy más importancia que nunca. Se oye hablar mucho del desprestigio de la clase política o el desapego hacia la política, y eso tiene mucho que ver con el trabajo del diputado en el propio Parlamento, ya que la mayoría de los debates son excesivamente encorsetados y previsibles. A veces no hay diálogo, sino cruce de argumentos preescritos. Tampoco hay que olvidar que las lagunas en cuanto a la representación tienen que ver con la temática que se aborda, ya que no siempre refleja las preocupaciones de los ciudadanos.

--La gente, entiendo, lo que quiere es respuestas a la crisis.

--Efectivamente, y quiere debates constructivos. Sin dejar de lado el pluralismo real, el plato fuerte debe ser lo constructivo, las propuestas, las críticas que aportan... Ahí hay un déficit.

--Aludía antes al desprestigio de la clase política. ¿Cómo recibió las declaraciones del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, cuando dijo que la gente está hasta el gorro de los políticos?

--Tenemos que tentarnos la ropa antes de hacer denuncias que desprestigien de manera indiscriminada. El cargo de Defensor del Pueblo no es un puesto por oposición. Es un agente político y tiene la misma obligacion de contribuir a esa buena imagen. Al margen de esto, sí que me preocupa el desprestigio de la labor pública. La política es hoy más necesaria que nunca, porque si no la hacemos nosotros la harán los mercados, los grandes grupos financieros y de inversión, que pueden subir o hundir un enjambre de empresas y un país. Pueden poner a un primer ministro italiano que nadie ha elegido, y está ahí.

--Uno de los cambios en la escena parlamentaria ha sido la salida de Javier Arenas. ¿Es diferente el clima político?

--La estrategia del PP es la misma, aunque hay aspectos en el día a día en los que veo cambios. Antes había una dirección sólida y ahora se nota que hay un periodo de rodaje, algo normal.

--La comisión de investigación de los ERE, ¿responderá también a la inquietud de los ciudadanos?

--El mero hecho de celebrarse ya responde a las inquietudes de la sociedad. Se ha visto que se puede convocar desde el presidente de la Junta a un empleado de una aseguradora para que den explicaciones, y eso dignifica al Parlamento. La comisión culminará con unas conclusiones de responsabilidad política, la que dictaminen los grupos, ya que todo apunta a que se han cometido irregulariddes, además de que seguramente fijarán cambios en el funcionamiento de la Junta para evitar que se puedan volver a dar. Eso sí, no se debe olvidar el resarcimiento de fondos públicos a la sociedad, pero tardará porque los tribunales van más despacio.

--¿Cómo marchan las relaciones entre PSOE e IU?

--Hay buena coordinación y colaboración. El acuerdo es positivo, sin renunciar a las propias iniciativas en las cosas que no forman parte del pacto. En Andalucía y en España hay poca tradición de gobiernos de coalición, pero en Europa sí. Tenemos que acostumbrarnos a que la mayoría absoluta es difícil y que es hasta beneficioso un acuerdo porque le da más dinamismo a la vida política y refleja mejor el pluralismo.

--¿Y cómo se gestionan elementos disonantes como Sánchez Gordillo?

--Es un verso suelto en IU, porque ni votó la investitura de Griñán y en el resto de votaciones, o no va, o no se pronuncia. En cualquier caso, no representa ningún problema para el Gobierno.

--Cambiando de asunto, ¿cree que se está haciendo o intentando hacer una relectura del Estado de las Autonomías?

---Hay quien lo está planteando expresamente o veladamente. El presidente de Galicia ha dicho que España no se entiende sin la autonomía de su Comunidad, País Vasco y Cataluña. Artur Mas ha afirmado que o pacto fiscal o vía independencia, lo que es una forma de chantaje. Está claro que hay una coincidencia en sectores de creación de opinión que hablan de aprovechar la crisis económica para cambiar el modelo de Estado, pero la Constitución está ahí. Yo solo digo que ojo con esta tierra; los andaluces viven una situación difícil, con un paro insoportable y con muchos problemas para las empresas, pero no quieren que nadie les vuelva a tomar el pelo y les vuelva a dejar a un lado, como nos dejaron durante mucho tiempo. Que nadie se olvide de Andalucía cuando se hable de quién tiene que tener autonomía plena, porque cometería un error tremendo y la sociedad andaluza no lo va a permitir. Nosotros tenemos una legitimidad de origen plenamente democrática ganada en un referéndum contra viento y marea, y eso es un valor más sólido que ninguna legitimidad de carácter histórico, se trate de la que se trate.

--Pero, ¿habría que hacer cambios en el modelo?

--Eso sí, para modernizarlo, pero nunca ponerlo en cuestión y salir fuera del modelo de Estado que defiende la Constitución. Habría que avanzar hacia el modelo de Estado Federal de Alemania, que ha encontrado el equilibrio entre el federal y el de los landers.

--¿Cuál es el modelo por el que apuesta Andalucía dentro de esos límites constitucionales?

--Por el que aporte el máximo techo de autogobierno que se pueda, que en nuestro caso es el Estatuto, y apueste por los mecanismos de cooperación entre las comunidades autónomas y de estas con el Gobierno para garantizar el principio de solidaridad y que no haya diferencias entre los ciudadanos al margen de donde vivan.