Fiscalía registra un aumento del 21% en delitos urbanísticos

Según detalla la Memoria del Ministerio Público relativa a 2011, a la que ha tenido acceso Europa Press, la sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía registró el año pasado un total de 373 procedimientos judiciales, de los que 248 fueron por ordenación del territorio y urbanismo, seguido muy de lejos, con 49, por asuntos relacionados con patrimonio histórico. Además, se dictaron 32 sentencias por delitos urbanísticos, de las que 13 fueron condenatorias, y se interpusieron 64 denuncias.

En este sentido, la Fiscalía resalta que entre los delitos contra la ordenación del territorio, "lo relativo al fenómeno de las llamadas parcelaciones o urbanizaciones ilegales ha sido el principal empeño" de la citada sección, "fundamentalmente el término municipal de Córdoba".

Al respecto, señala que "sigue existiendo un aumento de la presión urbanística" en el entorno de la sierra de Córdoba, con sentencias condenatorias por los Juzgados de lo Penal, aunque "la mayor presencia de la Administración ha frenado una tendencia que desde años anteriores e denunciaba".

No obstante, pese al incremento de delitos urbanísticos, en la zona de Medina Azahara, "se ha intensificado la vigilancia y control y no se han detectado en 2011 nuevas construcciones en la zona". Además, se ha dictado alguna condena y han sido los acusados los que han procedido a la demolición voluntariamente.

Asimismo, se observa "un progresivo cambio de actitud" en la configuración de los delitos contra la ordenación del territorio como "meras infracciones administrativas criminalizadas", así como "en la aplicación del principio de intervención mínima del derecho penal al abordarlos".

A tal efecto, un capítulo "importante" son las medidas cautelares, pues, "la temprana adopción de las mismas" para asegurar y prevenir, "coadyuva decisivamente a evitar la consumación del delito en muchos casos y a la posibilidad de acordar la restauración más fácilmente", y es que, "no es lo mismo demoler una vivienda concluida y habitada que aquella en la que solo se ha levantado la estructura".

En todo caso, desde la Fiscalía subrayan que "la demolición es el único modo de restauración de la legalidad en los delitos contra la ordenación del territorio, imponiéndola cuando los hechos se realicen fuera de la legalidad urbanística vigente y cuando el delito vaya acompañado de un delito de desobediencia". Si bien, estiman "conveniente" considerar la demolición como "responsabilidad civil derivada del delito", y por tanto, "cuando se imponga en sentencia, condicionar la suspensión de la pena a la ejecución de la demolición impuesta". PATRIMONIO Y PREVARICACION URBANISTICA

En cuanto a los delitos contra el patrimonio histórico en 2011, la Fiscalía registra "una menor incidencia", quizás por "la ya advertida tendencia a condenar este tipo de conductas que se reflejó en casi un cien por cien de sentencias condenatorias en esta materia".

Por otra parte, se incrementan las causas incoadas por delitos de prevaricación urbanística, en "muchas ocasiones" relacionadas con delitos de desobediencia a resoluciones judiciales y otros delitos como malversación de caudales públicos o incluso tráfico de influencias.

RIESGO DE INCENDIO EN PARCELAS ILEGALES

En materia de incendios, el Ministerio Público advierte, al igual que Policía Autonómica y Guardia Civil, del "grave riesgo" de algunas parcelaciones ilegales de la sierra de Córdoba, incluidas en su término municipal, en las que se registran numerosos conatos y en las que de producirse algún incendio, "la evacuación sería realmente difícil, tal y como señala sucesivamente el Infoca en los informes que elabora".

En cualquier caso, la situación se mantiene "relativamente controlada" debido al "enorme" control preventivo, que se realiza por parte de los servicios de extinción de incendios de la Junta, que "afortunadamente" están instalados en las zona aledaña de las citadas parcelaciones.

Entretanto, valora "el alto grado de relación" con los organismos dedicados a esta actividad, en concreto con los responsables del Infoca en la provincia, así como con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y a ello se añade que 2011 contó con un periodo estival que no fue "riguroso" y se produjeron alrededor de la mitad de incendios que el año anterior.

En concreto, se registraron 69 incendios en la provincia, 58 de ellos forestales y once no forestales, siendo el más grave por su extensión el situado en Los Riscos Vera, en Villaviciosa de Córdoba en el que ardieron 113 hectáreas de masa arbolada y matorral. De todos ellos, la Unidad Adscrita de Policía Autonómica inspeccionó 14 e investigó tres, de los cuales solo uno resultó con imputación por imprudencia.

El Seprona por su parte investigó el resto de los incendios, de los que esclareció once de un total de 53, y detuvo a dos personas e imputó a otras cuatro. Los 42 restantes siniestros se catalogaron de "causas desconocidas". Además del perjuicio medioambiental, se tuvo que lamentar el resultado de siete heridos de un retén de extinción y la evacuación de diez personas que se alojaban en un establecimiento de turismo rural.

CAUSA ABIERTA POR LOS SILUROS

En relación con los delitos contra el medio ambiente, la Fiscalía ha tramitado denuncias particulares y de grupos ecologistas, "lo que ha potenciado las relaciones con estos colectivos que son fundamentales para mantener contacto con los principales problemas ecológicos que afectan a la provincia".

Precisamente es a través de una denuncia de un particular relacionado con un grupo de protección de la naturaleza como se tuvo noticia en la Fiscalía de la introducción de una especie alóctona, en este caso el 'siluro', en el embalse de Iznájar, lo que motivó la incoación de diligencias de investigación, que aún continúan abiertas, aunque teniendo en cuenta "las circunstancias de grandes dificultades".

De este modo, la Dirección General de Gestión del Medio Natural informó sobre la introducción ilegal con fines turístico-deportivos de la especie, el impacto ambiental de la introducción y su extraordinaria capacidad invasora, que compromete "severamente" la abundancia y supervivencia de peces nativos y otros vertebrados.

Desde la Fiscalía se ofició al Seprona para averiguar los hechos denunciados e identificar al autor, al tiempo que constató la presencia de la especie en Las Saucedillas y las desembocaduras del Arroyo Cerezo y Arroyo de Priego.

Posteriormente, se determinó que dada la importante población de juveniles, "se trata de crías de especies introducidas años atrás", parece "improbable" que se haya hecho "una suelta tan grande" y los agentes estiman que la introducción debió haberse realizado hace unos cinco años.