El decreto ley para el Reequilibrio Económico y Financiero aprobado la semana pasada por la Junta de Andalucía ha rebelado a los más de 28.400 empleados de la Administración regional. Los funcionarios han sufrido en los últimos dos años tres recortes salariales tras las reducciones aprobadas por Rodríguez Zapatero en mayo de 2010, la subida del IRPF adoptada a finales de 2011 por el Gobierno de Rajoy y el plan de reequilibrio de la Junta, acordado en el Consejo de Gobierno del 19 de junio. Ningún empleado público autonómico se libra de la decisión que prevé la reducción del sueldo un 5% para los funcionarios y un 1o% para los interinos para así evitar despidos, según dice la Junta. A esta medida hay que unir también otras acciones como el incremento de la jornada laboral a 37,5 horas de los funcionarios y la eliminación de las horas extras, que se compensarán con descanso en lugar de dinero.

En Córdoba había en el mes de julio de 2011 un total de 48.824 efectivos contratados por las distintas administraciones públicas, lo que supone 665 más de los que se contabilizaban en enero de 2011. El mayor número de funcionarios y personal laboral está adscrito a la Junta de Andalucía (25.523), seguido de la administración local, entre ayuntamientos y Diputación (12.128), la administración pública estatal (9.035) y las universidades (2.138). El CSI-F estima que las consecuencias del ajuste de la Junta se dejarán sentir sobre 28.400 empleados, entre los que se incluyen trabajadores de la sanidad (unos 10.000), enseñanza (10.000), Administración general de la Junta de Andalucía (4.700), Universidad de Córdoba (2.000) y justicia (700). En el caso de justicia, se excluyen jueces, fiscales y secretarios judiciales. El secretario de Acción Sindical de CSI-F, Rafael Herrera, estima que solo en Córdoba se producirá un recorte de unos 60 millones de euros, incluyendo la eliminación del capítulo de acción social. Herrera considera que la reducción salarial media será de unos 1.500 euros al año por cada trabajador, llegando a 6.000 o 7.000 euros en el caso de algunas categorías de la sanidad.

Tras las movilizaciones emprendidas, el representante del CSI-F señaló que el próximo 16 de julio tendrán la última concentración antes de las vacaciones, a lo que se unirá también la entrega en el Parlamento de más de 75.000 firmas rechazando los recortes y solicitando una reducción de altos cargos y asesores.

Por su parte, el secretario provincial de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Luis Mena, estima que el recorte medio en las categorías inferiores será de unos 700 euros, mientras que llegaría a 1.500 en categorías superiores, titulados superiores, psicólogos o educadores, y alcanzaría el máximo de recorte en sanidad. Mena advirtió de la "brutal caída del consumo" que se registrará en la provincia, a lo que se unirá también, según explica, una disminución o eliminación de los contratos de sustituciones. "La rebaja de la jornada laboral, en torno al 15% en el personal laboral, amortizará plazas en la Junta y se suprimirá la tasa de reposición", explica el dirigente de CCOO. En este sentido, dijo que mantendrán las movilizaciones contra los recortes, "pues de esta manera no se soluciona la crisis".