El plazo para presentar impugnaciones en el concurso de acreedores de Urende, la compañía de distribución de electrodomésticos y tecnología de consumo del Grupo Sánchez-Ramade, ya se ha cerrado con la presentación de 26 incidencias que deberá resolver el Juzgado de lo Mercantil. Las impugnaciones presentadas por los que se consideran perjudicados por la lista de acreedores que presentó la administración concursal proceden tanto de proveedores como de bancos y trabajadores, así como de la propia empresa.

Estos incidentes, según explicó ayer el juez de lo Mercantil, Fernando Caballero, no son muy numerosos, dado que el concurso de Urende suma unos 1.230 acreedores, y quedan muy lejos de los 270 incidentes que se presentaron en el concurso de la división inmobiliaria deL mismo grupo, Noriega, que el juez tilda de "desmesurada" para sus 2.437 acreedores, y que ha retrasado mucho la resolución del concurso (además, fueron mayoritariamente presentados por las siete empresas concursadas).

Comenzará ahora el proceso de resolución de las impugnaciones, para lo que el Juzgado de lo Mercantil fue dotado de un magistrado de apoyo, y, cuando termine, se cerrará la fase común del concurso para abrir la de resolución y convenio de acreedores, en la que Urende deberá negociar y proponer quitas y tiempo de espera en los pagos para intentar superar el concurso.

El informe de la administración concursal, presentado a finales del año 2011, estima que la compañía tiene un pasivo de 242 millones de euros y un activo de unos 161 millones. No obstante, del total del pasivo, los créditos privilegiados (hipotecas, salario de los trabajadores) y los ordinarios (proveedores), que son, por ese orden, los primeros que deben satisfacerse, suman 111 millones de euros, y los 131 millones restantes son créditos subordinados (los últimos a cobrar) que corresponden a intereses y, en su inmensa mayoría, a deudas contraídas por Urende con otras empresas de su mismo Grupo Sánchez-Ramade, explicó el juez. Otras fuentes indicaron que a los créditos privilegiados habrá que sumar los créditos contra la masa que se van devengando durante el concurso, correspondientes a los gastos de personal y funcionamiento de la empresa y al propio procedimiento, y que podrían rondar ya los 8 millones de euros.

La situación de Urende es muy difícil. Fuentes cercanas al procedimiento confirmaron que, de no alcanzarse el convenio con los acreedores o alcanzar un convenio malo (cuando las quitas acordadas superan el 33% de la duda o el plazo de cobro supera los 3 años), podría ser calificado de culpable de acuerdo con la Ley Concursal, lo que conllevaría la investigación de las causas, si son o no fortuitas y, en su caso, la exigencia de responsabilidades por agravar la insolvencia.

Esta interpretación se basa en datos aportados por los administradores concursales en su informe, en el que se considera que ya en diciembre del año 2010 Urende estaba en situación de insolvencia, dado que su activo corriente alcanzaba los 38,3 millones de euros y su pasivo ya estaba en 120,5 millones, por lo que en un plazo de dos meses debería haber solicitado concurso, pero no lo hizo hasta julio del 2011. Esta posibilidad de calificación de concurso culpable solo se daría si no se presentase convenio de acreedores o éste fuera rechazado por los mismos, o si la situación se precipitara porque la administración concursal decidiera proponer el cese de actividad por considerar que la empresa, que ha reducido a 4 sus establecimientos abiertos, sigue generando pérdidas, lo que llevaría a su liquidación.