La interventora general de fondos del Ayuntamiento de Córdoba, Paloma Pardo, ha devuelto de nuevo al gobierno municipal el expediente para la reestructuración societaria de las empresas públicas Proyectos de Córdoba siglo XXI (Procórdoba) y Viviendas Municipales de Córdoba (Vimcorsa) porque le ha resultado "materialmente imposible" emitir su informe en el breve plazo de tiempo que se le ha dado para su estudio, ya que no ha dispuesto de los 10 días que legalmente le correspoden para hacerlo o de los cinco días si se tratara de expedientes declarados urgentes.

SITUACION SIMILAR Casi en los mismos términos se expresó el pasado 19 de junio la interventora en otro escrito sobre el mismo expediente de fusión de Procórdoba y Vimcosa, lo que obligó al gobierno local a suspender el Pleno del 21 de junio en el que se iba a tratar este asunto. Posteriormente señaló la sesión para mañana 27 de junio. Ahora, el equipo de José Antonio Nieto está en la misma tesitura que la pasada semana. No dispone del informe preceptivo del servicio de Intervención para llevar completo ese expediente ante la Corporación municipal. En la tarde de ayer, y según fuentes municipales, el alcalde y el teniente de alcalde de Urbanismo y presidente del Pleno, Luis Martín, mantuvieron una reunión para buscar una solución. Martín rehusó aclarar si la sesión plenaria de mañana se mantiene o no para aprobar esa reestructuración de las dos sociedades municipales.

En este nuevo escrito, la fiscalizadora de los fondos municipales se queja implícitamente del agravio comparativo que se le está dando a su trabajo respecto del de otras entidades y departamentos gestores del mismo expediente, que, según indica en su informe, han dispuesto de dos meses para el estudio, examen y resolución del mismo, y solicita que a Intervención "se le dé un trato igualitario respecto al resto de servicios".

En su documento, la interventora insiste en que no se ha declarado la urgencia del expediente y que el plazo concedido a a su servicio "no es ni siquiera el plazo sumario de cinco días hábiles para la emisión del informe", y añade que quiere dejar constancia de esta circunstancia en el expediente "a los efectos de las consecuencias que se pudieran derivar".