La Junta de Gobierno Local aprobó ayer una moción del teniente de alcalde de Hacienda, Gestión y Administración Pública, José María Bellido, por la que el Ayuntamiento de Córdoba va a acudir al juez a fin de que condene a la Administración andaluza a que señale bienes sobre los que trabar embargo para satisfacer así la deuda que el Gobierno regional mantiene con las arcas municipales por el impago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), de, sobre todo, las viviendas sociales de los barrios del Guadalquivir, Las Palmeras y Las Moreras. El débito asciende a 6,9 millones, importe que resulta del principal, de los intereses de demora y recargos.

El 18 de abril del 2011, el Ayuntamiento de Córdoba dictó providencia de apremio de la deuda que hasta esa fecha tenía pendiente de pago la Consejería de Obras Públicas de la Junta por ese importe de 6,9 millones. Ante el impago de la misma, tres meses más tarde se requirió a la Junta, mediante comunicaciones dirigidas a la delegaciones provinciales de Hacienda y Administración Pública y Obras Públicas y Vivienda, para que aportaran una relación de bienes y derechos de naturaleza patrimonial, no afectos a uso o servicio público, sobre los que trabar embargo en cantidad suficiente para cubrir el importe del débito. La Junta no contestó en su día ni lo ha hecho aún a este requerimiento.

De nuevo, el pasado 7 de marzo del 2012, el gobierno local vuelve a dirigir escritos a las citadas delegaciones provinciales en el mismo sentido sin que hasta ahora se haya pagado ni recibido relación alguna de bienes susceptibles de ser embargados.

Posteriormente, el pasado 8 de mayo, el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba aprobó una moción "para zanjar definitivamente esta situación, que depende tan solo de la voluntad de la Junta", rezaba la moción. Como quiera que para esa fecha no había tomado posesión el actual Gobierno andaluz, el equipo municipal del PP dio "una última oportunidad" para el pago voluntario de la deuda sin tener necesidad de resolver esta controversia entre administraciones públicas por la vía judicial.

Pero como la situación no se ha resuelto, el gobierno de la ciudad va a acudir a la vía contencioso-administrativa para que condene a la Dirección General de Patrimonio de la Junta a facilitar una relación de bienes patrimoniales de la Administración regional para embargar aquellos que no estén afectos a uso o servicio público para saldar el impago del IBI.