Las comunidades de vecinos cordobesas están registrando un aumento de la morosidad debido a la crisis económica. De este modo, el desempleo y otras dificultades de las familias están provocando que haya un mayor número de hogares con problemas para hacer frente a los pagos de las cuotas en los edificios o urbanizaciones en las que viven, y esta situación se está traduciendo en un aumento de los procedimientos judiciales por las deudas con la comunidad. La abogada María Victoria García de la Cruz ha estimado que estos impagos se han incrementado hasta un 30%, "aunque eso no quiere decir que todas las situaciones lleguen al juzgado, porque gran cantidad de ellas se resuelve una vez notificada la liquidación de deuda", antes de formular el procedimiento monitorio, explica.

La litigiosidad de los colectivos de propietarios es similar a la del resto de la sociedad, aunque la letrada afirma que la coyuntura actual también ha motivado que "se espere menos tiempo para formular reclamación a los comuneros por impago de cuotas". Así, esta rápida intervención tiene como resultado una reducción de las cuantías solicitadas a los vecinos morosos en los procedimientos judiciales, pero no en el número, sino en el importe. Esto se puede explicar por la mayor vigilancia que se ejerce para evitar llegar a situaciones en las que se acumule demasiada deuda y sea más difícil para el vecino poder abonarla.

Otro de los aspectos llamativos del impacto de la crisis económica en las comunidades de propietarios es que a la misma vez que se incrementan los pleitos por la morosidad, también se han reducido los procesos por otras causas que quizá antes de la recesión tenían una mayor presencia. En este sentido, María Victoria García de la Cruz ha señalado que han disminuido las impugnaciones de acuerdos de la comunidad o las reclamaciones de comuneros contra esta entidad para exigir arreglos o alguna mejora en los edificios de viviendas.

La abogada también señala que la diferencia en la gestión de las comunidades de propietarios que cuentan con administradores profesionales "es sustancial", sobre todo cuando tienen que abordar las reclamaciones de impagos de cuotas, para lo que es necesario liquidar la deuda y "notificarlo fehacientemente". Además, también ha destacado la relevancia de que los acuerdos alcanzados en el colectivo de vecinos se incluyan en los libros de actas como garantía para los propietarios y la comunidad, "lo que no resulta fácil, en muchas ocasiones, cuando el acta la ha redactado alguien no experto en la materia".

Un estudio publicado recientemente por el Grupo CPP Protección legal señala que el 27% de los andaluces afirma haber sufrido impagos de las cuotas de la comunidad por parte de otros vecinos. Además, indica que el 34% de estas personas vive en un piso, el 14% habita un chalet adosado y el 10%, uno independiente. En referencia al sexo de los encuestados, el documento señala que los hombres aseguran haber tenido más dificultades por la morosidad de otros propietarios (32%) que las mujeres (22%).