El Ministerio Fiscal solicita la pena de un año de cárcel y una multa de 100 euros diarios durante 18 meses (54.000 euros en total) para un hombre acusado de construir una casa en la urbanización cordobesa de La Altea. En concreto, el fiscal acusa al hombre de levantar una edificación de unos 35 metros cuadrados con cubierta de teja en julio del 2008, en una parcela que pega al río Guadalquivir sin contar con la preceptiva licencia y en suelo catalogado como no urbanizable. Los hechos constituyen un delito contra la ordenación del territorio, que se produce en una de las urbanizaciones del entorno del aeropuerto que sufrieron las famosas inundaciones de febrero y diciembre del 2010.
SAN CRISTOBAL Precisamente el viernes pasado se celebró el juicio contra la mujer acusada de instalar una casa prefabricada en el solar que ocupaba otra anterior también de su propiedad y de obra en el cerro de San Cristóbal, construcción que fue derribada por ser ilegal y que supuso la primera demolición que se ejecutó por esta circunstancia en la capital cordobesa. Esa novedad despertó el interés de los medios de comunicación, que siguieron aquella demolición en directo. Durante el juicio, la acusada sostuvo que no se acordaba "de nada" y reiteró varias veces que no se encontraba bien de salud. Por estos hechos, que han quedado vistos para sentencia, el Ministerio Fiscal ha solicitado una pena de un año de prisión y multa de 42.000 euros. Según el escrito del fiscal, la acusada, en el año 2008, llevó a cabo la construcción de un muro de contención de unos seis metros lineales, hormigonado de explanada de unos 250 metros cuadrados e instaló una casa prefabricada de unos 60 metros cuadrados en la parcelación San Cristóbal. El fiscal considera estos hechos un delito sobre la ordenación del territorio.
