El portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Angel Torrico, ha afirmado que si PSOE e IU tienen "tanto interés en que el proyecto del Palacio del Sur siga adelante, se aporte desde la Junta de Andalucía 35 millones de euros", teniendo en cuenta que la capacidad financiera del Ayuntamiento es de ocho millones y el gobierno municipal se comprometería a buscar el resto de la financiación.

Torrico ha defendido en un comunicado que el Centro de Convenciones "es un buen proyecto de ciudad y es por ello que el Ayuntamiento está dispuesto a implicarse porque es la mejor solución para una necesidad que tiene la ciudad desde hace demasiados años y que IU y PSOE no han sabido dar respuesta durante todo el tiempo que han estado gobernando".

El portavoz del gobierno municipal ha subrayado que el centro de Miraflores en las condiciones económicas actuales "es inviable y no puede ser asumido por el Ayuntamiento de Córdoba; pero nos tememos que tampoco por cualquier otra administración".

Eso lo sabe IU y PSOE, ha apuntado Torrico, pero lo único que pretenden estas dos formaciones políticas es "engañar a los ciudadanos, como lo han venido haciendo en la campaña electoral y usar contra el gobierno municipal un fracaso de 12 años al haber sido incapaces de poner la primera piedra de ese proyecto que tanto defienden, pero que sin embargo no han sabido sacarlo hacia adelante".

Por ello, el también teniente alcalde de Presidencia ha manifestado que el gobierno municipal del PP tiene muy clara la hoja de ruta a seguir, siguiendo un escrupuloso guión marcado por todos los técnicos e informes jurídicos y económicos con el único propósito de llevar a cabo un proyecto que de verdad sea viable en un plazo de tiempo ya anunciado por el alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto. Todo ello, "más allá de las maquetas a las que nos han tenido acostumbrados IU y PSOE durante más de 12 años".

De este modo, el primer paso es la constitución de una comisión de expertos para que redacte y someta al Pleno municipal la memoria relativa a los aspectos sociales, jurídicos, técnicos y financieros, así como la determinación de la forma más viable e idónea de gestión del servicio público del Centro de Convenciones.