Los ayuntamientos podrán comenzar "a conceder en el plazo de tres meses las primeras licencias de ocupación" a viviendas ilegales y emitir las "resoluciones de reconocimiento del asimilado al fuera de ordenación", tras la entrada en vigor ayer del decreto de edificaciones en suelo no urbanizable. Ese es el plazo que la secretaria general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Gloria Vega, ha transmitido a los 2.000 alcaldes y técnicos de toda Andalucía que han participado en las jornadas celebradas en febrero, entre los que están los 300 que se reunieron en Córdoba. Aún así, hay que tener en cuenta que cada municipio tiene una casuística, por lo que el plazo variará de unos a otros. A partir de ahora, y según la Consejería, los ayuntamientos pueden "sacar a información pública los avances de planeamiento con los que darán los primeros pasos en este proceso de regularización y los propietarios podrán dirigirse a los servicios municipales para solicitar esa normalización".
El decreto establece que las viviendas "en situación legal de fuera de ordenación", que son las que se construyeron con permiso en su momento y luego se quedaron en situación irregular, y las anteriores a 1975 sin licencia, podrán obtener permiso de ocupación o utilización. Además, están las casas en régimen de "asimilado al fuera de ordenación", que no pueden lograr la licencia, y seguirán siendo ilegales, pero sí una resolución municipal que las reconoce y les da la posibilidad de acceder a servicios en autoabastecimiento. Aún no se sabe cuántas habrá en Córdoba. Los ayuntamientos elaborarán un documento --avance-- para identificar las casas.
El delegado provincial de Obras Públicas, Francisco García, aclara que "todas las fechas que se dén son aproximadas", ya que "lo primero es estudiar y entender el decreto", que "actúa sobre una situación compleja" y tiene "un 90% de conceptos que todos asimilan pero un 10% que son interpretables". García insiste en que "ahora es tiempo de resolver dudas" y advierte de que "no se va a empezar a aplicar el decreto al día siguiente de su entrada en vigor". Desde el día 20, la delegación sigue recibiendo consultas de municipios e, incluso, de colegios profesionales, entre ellas, las relativas al avance y a las casas de zonas protegidas.
Lo primero que tendrán que elaborar los ayuntamientos es, según el delegado, ese avance, que en unos casos será más rápido, dependiendo de lo desarrollado que esté el PGOU, y que requiere un período de información pública. Además, los ayuntamientos pueden "de oficio dirigirse a los particulares" y estos "ir a los ayuntamientos a interesarse por su situación".
La Junta tiene también encomendada la tarea de aprobar en tres meses unas directrices para que los consistorios elaboren una ordenanza con las normas mínimas de habitalidad exigidas para lograr servicios. En este sentido, el delegado asegura que "se está trabajando en ella y hay un borrador". Aún así, recordó que los ayuntamientos pueden trabajar sin esperar esas normas.
URBANISMO El presidente de Urbanismo, Luis Martín, está convencido de que en Córdoba no se podrán dar licencias tan pronto. "¿Cómo vamos a darlas si estamos pendientes de las condiciones de habitabilidad que establezca la Junta?", se pregunta. Tras la entrada en vigor del decreto y de la LOUA, que también se produjo ayer, asegura que los pasos del Ayuntamiento serán la creación de la prometida oficina de parcelaciones y el inventario, que se centrará primero en las viviendas no incluidas en el PGOU. Espera que esta semana concluyan los informes técnicos y jurídicos previos.
