La comisión especial abierta para investigar la gestión del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec) desde 2004 acogerá esta tarde las primeras comparecencias del proceso. En concreto, se expondrán a las preguntas de los concejales uno de los exgerentes del instituto y un administrativo, que actualmente trabaja en el Imdeec. Ellos serán los primeros de una larga lista de nombres, que no solo incluye cargos técnicos o personal del Imdeec, sino capitulares de la actual Corporación municipal y de las anteriores. La mayoría de las personas que comparecerán han preferido hacerlo por escrito. La reunión tendrá lugar en un clima político muy tensionado por las últimas informaciones sobre el Imdeec, que ha llevado incluso a adelantar una hora la convocatoria de la reunión para abordar este asunto.
La presidenta de la comisión, Aurora Aguilar (UCOR), mostró su más "profundo rechazo" a unas filtraciones realizadas a la prensa y, de hecho trató, aunque infructuosamente, de que ayer mismo se celebrase una comisión extraordinaria para "abordar el nuevo escenario". Con esa expresión se refería Aurora Aguilar a la nueva situación suscitada por un asunto que a priori no afecta a la comisión de investigación, ya que no entra en su ámbito de acción (que se circunscribe a las responsabilidades políticas), pero que sí afecta al Imdeec. En concreto, Aguilar expresó sus dudas sobre el ámbito de actuación de la propia comisión. Según afirmó ayer un portavoz del gobierno municipal, ya se ha resuelto el último de los tres expedientes disciplinarios abiertos a trabajadores del Imdeec por una supuesta manipulación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y que ha concluido y que se ha resuelto, según las mismas fuentes, con la recomendación del instructor de elevar los hechos analizados al Ministerio Fiscal por si son constitutivos de un delito de falsedad documental. El delito hubiera consistido en cambiar puntuaciones personales para recibir mayores retribuciones salariales. Ocurre, además, que ese expediente afecta directamente a una empleada que fue nombrada este verano por el PP con un cargo de libre designación cuando ya tenía esa investigación en curso y que esta misma semana solicitó al alcalde un nuevo funcionario como instructor de su expediente. Esa petición parece que llega tarde, puesto que el portavoz del PP, Miguel Angel Torrico, dijo ayer que "el Gobierno va a actuar como lo hizo en los dos expedientes anteriores --donde no se encontraron pruebas delictivas--: actuará conforme a la recomendación del instructor". Así, cuando el expediente llegue a la Junta de Gobierno local, dice Torrico que se elevará al fiscal, que determinará si hay o no indicios de delito. Francisco Tejada (IU) calificó de "grave irresponsabilidad política" la actuación del PP y el PSOE exige un informe jurídico que aclare el ámbito de actuación de la comisión.
