La exjefa del departamento de Servicios Generales del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) ha denunciado ante el alcalde y el actual presidente de este organismo lo que considera graves irregularidades en la tramitación de su expediente disciplinario. Así el pasado lunes presentó un escrito en el Registro General del Ayuntamiento en el que solicita al alcalde que designe un nuevo funcionario como instructor "con garantía de imparcialidad y que realice fiel cumplimiento de los trámites y principios del procedimiento disciplinario".

Afirma la afectada que resulta paradójico que se abriera expediente sancionador solamente contra tres de los trabajadores que coordinaron con una empresa privada la elaboración de la relación de puestos de trabajo (RPT) cuando el antiguo gerente del Imdeec no solo participó en todas las reuniones mantenidas con la empresa encargada de elaborar la RPT, sino que también tuvo en su poder dichos documentos para su revisión durante más de un mes, procediendo después a firmarlos y darles el visto bueno.

Denuncia la exjefa del Imdeec el hecho de que se nombrara un instructor para los otros dos expedientados y otro distinto para ella. Subraya también que existe una antigua y manifiesta amistad entre el instructor nombrado para tramitar su expediente disciplinario y el exgerente de dicho instituto, cuyas manifestaciones fueron esenciales para iniciar la investigación. Asimismo denuncia lo que considerada animadversión de este último hacia ella, lo que le provocó, dice, problemas emocionales que le obligaron a permanecer de baja médica durante varios meses.

La exjefa del Imdeec subraya el hecho de que mientras los expedientes sancionadores abiertos por los mismos hechos a los otros dos trabajadores fueron archivados, en tiempo y forma, en octubre de 2011 por no encontrarse indicio de infracción alguna, el suyo se encuentra aún pendiente de resolución después de once meses desde su inicio y sin que en el mismo, afirma, se hayan respetado los plazos y las actuaciones básicas que la normativa del expediente sancionador establece para este supuesto, por lo que esta trabajadora considera vulnerados sus derechos de defensa y presunción de inocencia. Alega en su escrito entregado en el Registro General del Ayuntamiento que el retraso del instructor le está provocando indefensión y graves perjuicios a nivel personal y laboral, por lo que cree que se está vulnerando su presunción de inocencia y la legítima defensa. Por todo ello solicita al alcalde que realice los trámites oportunos para designar un nuevo instructor de su caso.