Un total de 14 de las 16 personas, entre ellas un Policía Local, acusadas de delito contra la salud pública, tras supuestamente traficar con cocaína en la capital cordobesa y la localidad de Puente Genil, que han acudido este lunes a juicio, han aceptado penas que van de los cuatro años y seis meses a unos dos años de prisión, además de multas desde los 50.000 a los 2.000 euros; mientras que los dos restantes procesados han declarado que no tienen "nada que ver" con los hechos y no aceptan la reducción de penas.

En concreto, se ha acordado suprimir el agravante de pertenencia a organización delictiva, por lo que el Ministerio Público ha rebajado las penas que iban de 13 años de prisión y multa de 250.000 euros para el presunto cabecilla, que ha aceptado cuatro años de prisión y multa de 50.000 euros; así como uno de los presuntos encargados y administrador, para el que en un principio la Fiscalía solicitaba doce años y seis meses de cárcel y multa de 250.000 euros, y ha aceptado cuatro años y seis meses de prisión y 50.000 euros de sanción. Conformidad a la que también se ha acogido otro de los acusados, para el que pedían once años y seis meses de prisión y multa de 200.000 euros.

Además, otro de los procesados, un agente de la Policía Local de la capital, suspendido de empleo y sueldo y privado de libertad de manera preventiva por estos hechos desde su detención a mediados de 2009, ha aceptado tres años y seis meses de prisión y multa de 40.000 euros, después de que el fiscal solicitaba diez años de prisión y multa de 200.000 euros. Según ha manifestado su abogado, "ahora le impondrán una medida disciplinaria, desde la expulsión, a la inhabilitación del cargo de uno a seis años o el traslado forzoso".

En relación a los restantes ocho acusados, para los que pedían diez años de prisión y 200.000 euros de multa, han aceptado penas de unos dos años prisión, algunas de ellas inferiores, y sanciones de unos 2.000 euros.

Por otra parte, los dos hombres que sí han declarado han defendido ante el juez su inocencia alegando que "no tienen nada que ver" con los hechos y por ello no se conforman con la reducción de penas, que en su caso va de doce años y seis meses a nueve años de cárcel y de diez a nueve años de prisión, respectivamente, después de que se haya acordado suprimir el agravante de organización delictiva. Este martes continuarán su declaración en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Córdoba.

LOS HECHOS

Según recoge la calificación fiscal, a la que ha tenido acceso Europa Press, en el primer semestre de 2009 los acusados formaban parte de una supuesta organización dedicada a la venta de droga y sustancias estupefacientes mediante actividades de adquisición, transporte o custodia con la finalidad de obtener un lucro ilícito.

La organización estaba dirigida supuestamente por A.M.R.; una de las ramas de la misma la lideraba S.B.R., quien adquiría la droga suministrada habitualmente por R.C.E., y controlaba la distribución R.B.R., en la barriada de las Margaritas y en la zona del ocio del Brillante.

Las sustancias eran custodiadas por M.A.C.M.; las labores de búsqueda de proveedores y venta al menudeo eran realizadas por M.J.M.J., en la barriada de los Vikingos, y su hermano M.M.J. en la localidad de Puente Genil. Mientras, M.R.P. y C.P.G.C. supuestamente se prestaron para realizar labores de transporte.

Así, el día 18 de junio de 2009, se practicó diligencia de entrada y registro en el domicilio del acusado A.M.R., de la Urbanización 'El Alcalde', y en su interior localizaron 16,66 gramos de cocaína en un 0,6 por ciento; una garrafa de plástico blanca con siete kilos de sustancia de corte; tres básculas de precisión; varios recortes de bolsas para envolver dosis de sustancias estupefacientes, y dinero en efectivo, entre otros objetos.

El mismo día, se registró el domicilio del acusado S.B.R., en la calle Portugal de Córdoba, y en su interior hallaron cerca de 4.000 euros en efectivo y tres teléfonos móviles. Por otro lado, el día 24 de julio, se detectó un transporte de droga desde Valencia hasta Puente Genil, en concreto a la casa de M.M.J., donde también se encontraba R.C.E., y además se detuvo a los también procesados N.M.R.P. y su esposa C.P.G.C., tras ser interceptados en un vehículo en la autovía A-92 y en el que se encontraron los agentes un kilo de una sustancia que una vez analizada resultó ser cocaína en un 70,7 por ciento.

Igualmente, la calificación detalla que otra rama de la supuesta organización la dirigía A.J.M.U. y colaboraba su hermano J.M.U., además A.R.F. prestaba su domicilio en la calle Teruel de la capital, donde se procedía al corte y almacenamiento. Por su parte, I.C.J. realizaba labores de búsqueda de proveedores y clientes; mientras que E.A.C.C. suministraba droga a A.M.U. y a I.C.J., y con la colaboración de su esposa, L.A.O.P., recibía las sustancias a través de A.T.P..

Precisamente, los agentes intervinieron en una operación el día 24 de julio de 2009 en la que estaban implicados estos tres acusados últimos e interceptaron más de un kilo de una sustancia que contenía cocaína en un 63,1 por ciento. El mismo día se registraron otros dos inmuebles en los que se hallaron un bote de plástico con 735 granos de cocaína en un 0,5 por ciento; unos envases con 22 gramos de cocaína en un 13,5 por ciento, y dos tubos de plástico con 0,19 gramos de cocaína en un 62,8 por ciento. Las sustancias intervenidas hubieran alcanzado en el mercado ilícito unos 125.000 euros.

Uno de los acusados ha sido condenado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial por una sentencia de 2006 a la pena de cinco años de prisión, y otros seis acusados han estado privados de libertad de manera preventiva por estos hechos.