El informe sobre al aborto elaborado por un grupo de profesores católicos de la Universidad de Córdoba (UCO) y editado por el Obispado de Córdoba asegura que la reforma de la Ley del Aborto del 2010 legitima en la legislación española principios del nazismo.

El estudio, presentado hoy en rueda de prensa, contiene un apartado dedicado a la perspectiva jurídica sobre la interrupción voluntaria del embarazo en la que se recuerda que la reforma del 2010 "permite el aborto en base a las malformaciones o enfermedades del feto".

El profesor de la UCO y encargado del Área Jurídica del informe, Juan Luis Sevilla, añade que entender las malformaciones o enfermedades como causa de supresión de la vida "es aproximarse peligrosamente, incluso legitimar en la Legislación española, el principio de 'Vidas sin valor vital', que se reflejaba en el programa eutanásico del Régimen nacionalsocialista alemán".

Sevilla también ha calificado de "aberración jurídica" que el aborto sea un derecho y ha considerado que la Ley del aborto de 1985 supuso "abrir una puerta con la excusa" de regular algunos supuestos, pero "las políticas liberales se escudan en eso para extender luego los supuestos".

El informe se divide en cuatro capítulos que tratan el aborto desde una perspectiva médica, jurídica, económica y religiosa y contiene un conjunto de conclusiones de cada una de dichas perspectivas.

En el apartado religioso, el profesor ha informado de que el documento transmite que la Iglesia no ha admitido nunca ningún aborto al considerar que la vida comienza desde el mismo momento de la fecundación.

Asimismo, ha recordado que la doctrina católica rechaza la interrupción del embarazo incluso en supuestos como el de violación, en los que la Iglesia defiende que se persiga al violador pero "no a un niño que está en el seno".

En el apartado económico, se pone de manifiesto el volumen de negocio que los abortos generan cada año en España y Andalucía.

Los datos están actualizados a 31 de diciembre de 2008, año en el que se estima que los 115.812 abortos registrados generaron un volumen de negocio en España de 62,9 millones de euros.