El despacho de abogados de Mariano Aguayo fue el primero y el único que emprendió acciones, administrativas y después judiciales, junto con la iniciativa ciudadana y, posteriormente, con la adhesión expresa del Ayuntamiento de Córdoba. Según declara Aguayo, a esta acción les llevó el convencimiento de que se había cometido "una gran injusticia con Córdoba", ya que la designación de San Sebastián se había producido de manera un tanto irregular. "La sociedad cordobesa tenía el sentir unánime de que no se habían portado bien con Córdoba", continúa Aguayo, que asegura que fue ese sentimiento el que "nos impulsó a presentar nuestra reclamación" y se pidió al Ministerio de Cultura que enmendara la situación creada y que se procediera a una nueva designación por un comité independiente. Ante su respuesta negativa, "acudimos a los tribunales". Los argumentos fueron muy claros: la designación de San Sebastián como ciudad española Capital Europea de la Cultura para el año 2016 "vulnera las propias bases de la convocatoria", principalmente porque los motivos utilizados para ello fueron de "carácter político", y no relacionados con la cultura, y porque en el jurado había personas que tenían una fuerte vinculación con la candidatura de San Sebastián. La adhesión del Ayuntamiento al recurso supuso que la Administración que representa a todos los cordobeses asumiera el liderazgo en esta cuestión.
