Los funcionarios y el personal laboral de la Junta de Andalucía seguirán trabajando las mismas horas y ni un minuto más. Al menos de momento, ya que la Consejería de Hacienda y Administración Pública, responsable de los asuntos laborales de los empleados públicos andaluces, estima que "las 37,5 horas semanales no tienen carácter básico", es decir, que no son de obligada aplicación en otra administración que no sea la central y que por tanto no les afecta. Fuentes de la Consejería de Hacienda y Administración Pública confirmaron a este periódico que la ampliación de la jornada laboral hasta las 37 horas y media, que el Gobierno central ha aplicado a su plantilla en virtud del Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, no se llevará a cabo en su ámbito, ya que desde las transferencias de las competencias autonómicas la jornada del personal estatutario y funcionario depende directamente de la Junta y los laborales de sus convenios. "La Junta de Andalucía tiene regulada mediante orden la jornada y horario de los empleados públicos", recordaron de forma suscinta estas fuentes. Los empleados de la Administración andaluza trabajan 35 horas semanales, más un resto de 100 horas al año. Menos suerte podrían correr los empleados del Ayuntamiento de Córdoba y las empresas municipales, pues ya han sido advertidos por el Gobierno local de que la ampliación de su jornada se llevará a cabo en breve. Además, el equipo de José Antonio Nieto ha contado con un informe técnico del secretario general del pleno, en el que se muestra a favor de que el real decreto de Rajoy se traslade a la administración local y que la plantilla municipal trabaje 37,5 horas a la semana.
El caso de Córdoba, donde las distintas administraciones interpretan de manera significativamente distinta una misma norma, no es único en España. Es más, la confusión es generalizada en el resto de instituciones, que no saben a ciencia cierta si la norma debe aplicarse o no fuera del ámbito estatal. Las corporaciones locales elevaron sus dudas a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), que por ahora no ha planteado su interpretación del decreto de medidas urgentes contra el déficit. Tampoco se ha pronunciado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre si la norma afecta a todos los funcionarios o solo a los de la Administración central. A la confusión han contribuido sin duda los cambios derivados de la constitución del nuevo Gobierno. Mayor unanimidad han mostrado los sindicatos, ya que defienden que la ley del Estatuto Básico del Empleado Público da prioridad a los acuerdos que se fijen en cada organismo municipal y provincial. Todos rechazan la medida y tratan de frenar su aplicación al resto de empleados públicos.
