La Delegación Provincial de Igualdad y Bienestar Social asumió en lo que va de año la tutela de 119 menores declarados en situación de desamparo, una cifra que ya supera el total registrado en el 2010, cuando se dictaron 115 desamparos. Se trata de una medida extrema que se aborda de forma temporal o definitiva, según el caso, una vez se detecta un riesgo insalvable en el entorno de los niños afectados.

Antes de llegar al desamparo, lo habitual es que intervengan los equipos de tratamiento familiar. Según María José Barranco, jefa de este servicio en Córdoba, "el proceso se desencadena a partir de una denuncia que puede llegarnos a través de vecinos, familiares, profesores, mediante los servicios sociales comunitarios o incluso por una llamada anónima al teléfono del menor". Una vez se tiene constancia de que existe una situación potencial de peligro, se pone en marcha el protocolo que conjuga la actuación de un psicólogo, un educador y un trabajador social. "La principal causa que motiva la intervención de los equipos es la negligencia en el cuidado físico, aunque también hay un 30% de casos en los que existe un posible maltrato psicológico, emocional o físico y un 15% de abandono psicológico", explica Barranco, quien aclara que lo más frecuente es que se den varias causas a la vez. "Las situaciones suelen ser bastante complejas y no se puede establecer un perfil estándar en el que quepan todos los casos porque lo normal es que se unan distintos factores, desde familias con problemas de drogadicción en las que el menor sufre abandono psicológico y físico e incluso maltrato a casos en los que el menor vive en aparente normalidad, sus padres tienen un nivel económico bueno, pero en casa el niño padece abuso sexual o maltrato físico".

Los equipos de tratamiento familiar trabajan en dos líneas, corrigiendo las situaciones de riesgo para los menores, con el fin de evitar la declaración de desamparo, y mediando en la reintegración familiar, una vez se ha producido la retirada de la tutela por parte de la Junta. En estos casos, solo un 5% del total, los equipos intentan que el menor vuelva a casa y consiga integrarse con su familia biológica, después de haber pasado un tiempo con una familia de acogida o alojados en un centro de menores.

De los casos de riesgo social, el 63% consiguen superar con éxito los factores de riesgo y el resto se derivan al Servicio de Protección de Menores que es el encargado de dictar la situación de desamparo. El objetivo de la administración es que, salvo en casos excepcionales, el niño mantenga el contacto con los padres aunque no viva con ellos. De ahí que la adopción se dé solo en contadas ocasiones, prevaleciendo el acogimiento familiar.