Las obras de la Ciudad de la Justicia echarán a andar el próximo febrero

Después de un proceso "complicado", la mesa de contratación ha adjudicado a una unión temporal de empresas la construcción de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, tercera instalación de este tipo que se levanta en Andalucía y primera en la que se aplica la financiación público privada. "Claro que nos sala cara, pero nos permite hacerla", destacó ayer el consejero de Gobernación y Justicia, Francisco Menacho, después de dar a conocer que la adjudicataria será la sociedad compuesta por Corsán-Corviam, Copcisa Industrial y Detea. Menacho calcula que "a finales de enero o principios de febrero estarán las máquinas funcionando" en los terrenos de Arroyo del Moro. Las obras durarán 34 meses y el coste final será de 345 millones de euros.

El consejero subrayó que este anuncio viene a "acallar algunos comentarios" de los populares. El PP criticó que no apareciera partida alguna en los presupuestos, "pero sí que está como colaboración público privada" con una dotación de 8,4 millones de euros para el 2012. La Ciudad de la Justicia "es ya una realidad" que le va apermitir a la Junta un ahorro de 132 millones en alquileres de locales y mantenimiento en 25 años y "acabar con la dispersión" de instalaciones. Esto último supone "más gastos y peor servicio para los ciudadanos", a lo que se añade que el futuro inmueble "estará mejor adaptado a las necesidades" de los usuarios.

Menacho insistió en que "vamos a seguir invirtiendo" en esta materia y desmintió que "haya menos dinero para la justicia gratuita". Apuntó que "estamos al día con los colegios de abogados" y que la asignación para el año que viene sube un 0,84%.

La explotación del inmueble se otorgará por un máximo de 25 años, tras los cuales la titularidad del edificio revertirá a la Administración andaluza. En este periodo la adjudicataria asumirá su mantenimiento y limpieza, la gestión del archivo judicial y la explotación de las placas fotovoltaicas del tejado y la cafetería, así como de las máquinas expendedoras de bebidas y alimentos, entre otras instalaciones, según se refleja en las condiciones.

La Administración autonómica abonará un alquiler por el uso de las instalaciones, que albergarán la totalidad de los órganos judiciales unipersonales de la capital cordobesa, así como la Audiencia Provincial, la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal, además de tener previsto espacio para crecimientos futuros. El arrendamiento se abonará mediante la fórmula del pago por disponibilidad, es decir, en función de la disposición que se haga del espacio y de la calidad del servicio, aplicando fórmulas específicas de cálculo.

Al proceso presentaron sus ofertas Sacyr y cinco uniones temporales de empresas (UTE): la formada por Corsán-Corviam, Copcisa Industrial y Detea; la integrada por Obrascón Huarte Lain y Heliopol; la compuesta por Acciona Infraestructuras, Instalaciones Inabensa y Montealto; por Aldesa Construcciones, Aldesa Inversiones Internacionales y Construcciones Vera, y la que integran Ortiz Construcciones y Proyectos, Magtel, Construcciones Granadal y Canval.

EL PROYECTO La constructora Ayesa --a la que se le ha pagado casi tres millones de euros por el proyecto-- diseñó un edificio de 50.894 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas en altura (32.894 metros cuadrados) y dos sótanos (18.146 metros cuadrados), lo que se traduce en 33.241 metros cuadrados más de espacio respecto a lo que ocupan las once sedes judiciales actuales. El proyecto de construcción, que fue presentado en el 2007, se ha encarecido y de los 70 millones iniciales ha pasado a costar 83 millones.

El estudio holandés Mecanoo proyectó un edificio moderno pero inspirado en la arquitectura tradicional de patios cordobeses y adaptado a la nueva oficina judicial, según la documentación facilitada por la Junta.

El Consejo de Gobierno autorizó el 22 de marzo a la Consejería de Gobernación y Justicia a licitar la construcción, conservación y explotación de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, que se realizará mediante colaboración público-privada.