El consejero de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, Francisco Menacho, anunció ayer que la adjudicación de la Ciudad de la Justicia de Córdoba estará lista "a finales de octubre o primeros de noviembre" y aseguró, al mismo tiempo, que "a primeros de año habrá una primera piedra puesta ya".

Menacho, que recordó que fueron seis las empresas "de gran solvencia" las que presentaron sus ofertas a la licitación para la construcción, conservación y explotación de la Ciudad de la Justicia mediante la fórmula de colaboración público-privada --"a pesar de que nos temíamos que no se presentaran", reconoció el consejero--, explicó que el proceso "no tiene marcha atrás y cada día es un avance más el que se da". Así, añadió que una vez que pasen las elecciones generales --desde ayer hasta el 20-N está prohibido dar cuenta de realizaciones de las administraciones-- y en el periodo hasta la convocatoria de las autonómicas, "estoy seguro de que vendremos a explicarles a todos los operadores jurídicos, a toda la ciudad de Córdoba, el gran proyecto de la Ciudad de la Justicia, la gran apuesta económica y a poner la primera piedra".

LAS CONDICIONES La Ciudad de la Justicia, cuyo proyecto asciende a 345 millones de euros, se edificará en un terreno de 12.112 metros cuadrados situado en la zona de Arroyo del Moro. La explotación del inmueble se otorgará por un máximo de 25 años, tras los cuales la titularidad del edificio revertirá a la Administración andaluza. En este periodo la adjudicataria asumirá su mantenimiento y limpieza, la gestión del archivo judicial y la explotación de las placas fotovoltaicas del tejado y la cafetería, así como de las máquinas expendedoras de bebidas y alimentos, entre otras instalaciones, según se refleja en las condiciones.

La Administración autonómica abonará un alquiler por el uso de las instalaciones, que albergarán la totalidad de los órganos judiciales unipersonales de la capital cordobesa, así como la Audiencia Provincial, la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal, además de tener previsto espacio para crecimientos futuros. El arrendamiento se abonará mediante la fórmula del pago por disponibilidad, es decir, en función de la disposición que se haga del espacio y de la calidad del servicio, aplicando fórmulas específicas de cálculo.

LAS INTERESADAS Al proceso presentaron sus ofertas Sacyr y cinco uniones temporales de empresas (UTE): la formada por Corsán-Corviam, Copcisa Industrial y Detea; la integrada por Obrascón Huarte Lain y Heliopol; la compuesta por Acciona Infraestructuras, Instalaciones Inabensa y Montealto; por Aldesa Construcciones, Aldesa Inversiones Internacionales y Construcciones Vera, y la que integran Ortiz Construcciones y Proyectos, Magtel, Construcciones Granadal y Canval.