Rafael Gómez, candidato a la Alcaldía de Córdoba por Unión Cordobesa, convocó ayer a los medios de forma improvisada para dar cuenta de la denuncia presentada ayer por la mañana ante la Fiscalía General del Estado, en la que solicita que se investiguen unas declaraciones supuestamente realizadas por el subdelegado del Gobierno, Jesús María Ruiz en el transcurso de un acto público, en las que éste habría comentado ante varias personas, entre ellas el alcalde, Andrés Ocaña, la puesta en marcha de "una operación policial para la última semana de abril o primera de mayo", que tendría como objeto "detenerme para desprestigiarme a mí y a mi partido, neutralizando así mi candidatura", aseguró Rafael Gómez. El empresario, imputado en la Operación Malaya y sobre el que pesa una sanción del Ayuntamiento de 24,6 millones de euros por la construcción ilegal de las naves de Colecor, negó que haya motivos reales para su detención, "aunque siempre se pueden inventar". Gómez aseguró que tiene testigos de la conversación y, aunque sin señalar directamente al PSOE, insistió en que sospecha que "hay una operación para que nosotros no lleguemos al 22 de mayo", un plan que "supone una injerencia de los poderes públicos en un proceso electoral democrático". Por su parte, el subdelegado no hizo declaraciones.
