Las inundaciones de febrero y diciembre del 2010 los dejaron sin casa. Algunas de las familias afectadas se acogieron a las ayudas al alquiler que les ofreció el Ayuntamiento a través de Vimcorsa, que les concedió 250 euros durante dos meses prorrogables a dos años si decidían tirar su vivienda construida en suelo no urbanizable con riesgo de inundación. Pero la convocatoria no ha dado los resultados esperados, ya que no ha habido ninguna solicitud oficial de derribo, solo dos o tres familias que han mostrado interés por esta fórmula pero que aún no se han decidido por llevarla a cabo. Vimcorsa estudiará con el área de Servicios Sociales caso a caso para otorgarles otro plazo de dos meses en los que seguirá ayudando con el alquiler.

Vimcorsa está dando subvenciones a 12 damnificados de febrero y a 9 de diciembre. Todos se encuentran en un compás de espera. Una de las familias contrarias al derribo es la integrada por Miguel Carmona, su mujer y tres hijos. Carmona considera que es "una locura, ya que no te dan nada seguro, solo una ayuda al alquiler por dos años y después te la pueden renovar o no", señala. Tiene claro que no va a cambiar su vivienda "por 3.000 euros anuales" --los 250 euros mensuales de ayuda multiplicados por doce meses--. Lo que menos desea es ver cómo desaparece la casa que habita en la calle Jazmín, en La Altea, desde 1995, donde, al menos "mis hijos tienen un techo". "Solo estaría dispuesto a dejarla a cambio de algo seguro", admite, refiriéndose a otra vivienda.

El caso de esta familia es muy peculiar. Las inundaciones de febrero asolaron su casa. Después, tras meses luchando contra el barro, regresaron en noviembre para salir de nuevo de la misma por culpa de las lluvias de diciembre. Ahora, Miguel intenta otra vez hacer habitable su hogar, al que espera regresar "en dos o tres meses si el sol calienta".

La incertidumbre cohíbe a estas familias. Una de las que tienen asumido que no retornarán jamás a su casa por el mal estado que presenta teme por el día en el que se terminen las ayudas. "La tiro, me dan un año más de alquiler o dos y después, a la calle, y ¿dónde vamos entonces?", señala.

Una familia que está dispuesta a demoler es la formada por Manuel Moral, Francisca López y sus dos hijos, propietarios de la casa inclinada de la Atalayuela --Torres Cabrera--. En febrero del año pasado sufrieron un primer susto cuando el cauce del Guadajoz se comió dos naves. Después, en diciembre, las inundaciones los obligaron a marcharse, pero regresaron, aunque por poco tiempo. Más tarde, la vivienda formó un ángulo de 45 grados quedando inutilizada. La semana pasada Urbanismo les dio una orden de derribo, que deben acometer "a la mayor brevedad", por el peligro de desplome existente. Ellos están dispuestos a cumplirla pero "hasta que no cobremos el seguro no queremos demoler", explica Francisca.

Son solo un ejemplo de las familias que se hallan en la difícil tesitura de derribar o no el hogar por el que lucharon.