La Junta de Andalucía extenderá la fórmula de colaboración público-privada que por primera vez utilizará para la construcción, conservación y explotación de la ciudad de la Justicia de Córdoba al resto de las ocho ciudades judiciales pendientes en la comunidad.
Así lo ha asegurado hoy el consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, a los periodistas tras reunirse con los operadores judiciales y representantes de los colegios profesionales de la provincia de Córdoba para explicarles los pasos que se van a seguir tras recibir el martes la autorización del Consejo de Gobierno para la licitación de la ciudad de la Justicia cordobesa.
De este modo, las sedes judiciales pendientes de Jaén, Cádiz, Huelva, Sevilla, Algeciras, Jerez de la Frontera, Marbella y Fuengirola se crearán con esta fórmula de colaboración público-privada que si bien la Junta ya la ha usado en obras viarias y portuarias -así como en la construcción de edificios administrativos- nunca se ha aplicado para una ciudad de la Justicia.
Ni en la de Málaga -ya en funcionamiento- ni en la de Almería, que, según ha indicado el consejero echará a andar el 15 de mayo, se ha aplicado este sistema que permite obtener los beneficios de la cooperación del sector privado y dar respuesta a la actual coyuntura económica.
Además, Andalucía será pionera en aplicar esta fórmula para la construcción de sedes judiciales y tan solo en Cataluña existe algo parecido, ha indicado el consejero.
La primera experiencia que se va a aplicar en Córdoba va a permitir, además, que se acorten los plazos del resto de las ciudades de la Justicia pendientes ya que, por ejemplo, los pliegos de condiciones serán adaptaciones del cordobés.
El consejero ha hecho un repaso del estado de las sedes judiciales pendientes y así ha indicado que la ciudad de la Justicia de Sevilla se encuentra desbloqueada, la de Cádiz saldrá a licitación próximamente, en la de Algeciras la Junta ya tiene el suelo, en la de Jaén está terminado el proyecto de ejecución y las de Huelva y Jerez están pendientes de la cesión del suelo por parte de sus ayuntamientos.
Respecto a la ciudad de la Justicia de Córdoba, el consejero ha indicado que la licitación se hará en abril y no será hasta septiembre u octubre -aunque esta última fecha puede variar dependiendo del número de ofertas presentadas- cuando se adjudique la obra.
A partir de ahí, se abrirá un plazo de cuatro meses de ajuste del proyecto técnico y arrancarán las obras de construcción, que tendrán una duración máxima de tres años.
El consejero ha explicado que con este tipo de licitación la Junta otorgará a una empresa privada el derecho de superficie sobre una parcela de 12.112 metros cuadrados situada en la zona de Arroyo del Moro de la capital cordobesa, en la que la compañía se encargará de construir la ciudad de la Justicia y de explotar el inmueble.
Por su parte, la administración autonómica abonará por el uso de las instalaciones "un paquete global en el que está incluida la construcción del edificio y todo lo necesario para mantener la ciudad de la Justicia en funcionamiento durante 25 años".
En este periodo la empresa asumirá el mantenimiento íntegro del inmueble, su limpieza y la gestión del archivo judicial.
Además, se le concede la explotación de las placas fotovoltaicas del tejado, de la cafetería y de las máquinas expendedoras de bebidas y alimentos.
El pago durante los 25 años para la Junta ascenderá a un montante total de 345 millones de euros, con precios actualizados e IVA incluido.
Se abonará mediante el pago por disponibilidad, es decir, en función de la disposición que se haga del espacio y de la calidad del servicio, aplicando fórmulas específicas de cálculo.
En concreto, el edificio 50.894 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas en altura (32.894 metros cuadrados) y dos sótanos (18.146 metros cuadrados).
Albergará la totalidad de los órganos judiciales unipersonales, que en la actualidad son 36 órganos judiciales -a los que se unirá en junio el de Instrucción 8- así como las tres secciones de la Audiencia, la Fiscalía y las instalaciones del Instituto de Medicina Legal, sedes que se encuentran dispersas en diez emplazamientos diferentes.
La construcción del edificio se realizará siguiendo el proyecto redactado por la empresa Aguas y Estructuras SA (Ayesa), que ha supuesto una inversión de 2,9 millones de euros y que ya ha sido supervisado por la Junta.
