El delegado del Gobierno en Andalucía, Luis García Garrido, ha afirmado que sería "aconsejable que la responsabilidad y la respuesta dada por la Junta de Andalucía" ante las supuestas irregularidades en Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fuera asumida también por el PP "en los casos en los que está implicado".
En declaraciones a los periodistas en Córdoba, ha recordado que la Junta de Andalucía denunció los hechos una vez que tuvo conocimiento de lo ocurrido y "con la misma prontitud y celeridad la comunidad autónoma está trasladando toda la información a la jueza que esta instruyendo".
De este modo, ha destacado el nivel de compromiso por parte de la Junta en cuanto a colaboración, trasladando "la información disponible con un nivel de eficacia muy importante a los jueces porque los primeros interesados en resolver este tipo de cuestión es la propia comunidad autónoma".
"Nosotros respetamos a los jueces, los fiscales y la policía --ha asegurado García Garrido-- y cuando hay una cuestión de este tipo nosotros colaboramos para esclarecer los asuntos y que se imponga lo que el ordenamiento jurídico obliga".
Sin embargo, dice que esperaba, "aunque no ha sido así, que cuando en un asunto está implicado el PP la respuesta no sea que están siendo perseguidos por los jueces, los fiscales o el Ministerio del Interior".
Mientras tanto, en cuanto a los ERE, el delegado del Gobierno en Andalucía asegura que están empeñados en "reclamar esas infracciones que se hayan producido y esa traslación de recursos públicos a quien no ha tenido derecho a ellos".
Así, ha informado de que se están empezando los trámites administrativos para que "esos recursos públicos que no debieron de salir de las arcas públicas vuelvan con prontitud y aquel que haya cometido una infracción caiga sobre él el ordenamiento jurídico del país".
