La organización agraria COAG considera que una ley sobre calidad agroalimentaria es necesaria para equilibrar y hacer más transparente la cadena agroalimentaria y garantizar unos productos seguros a precios asequibles al consumidor. Precisamente, una de las peticiones de las distintas asociaciones de productores es que la nueva Política Agraria Común (PAC) recoja medidas para combatir prácticas comerciales desleales y abusivas, mediante el establecimiento de controles.

COAG considera que agricultores y ganaderos no tienen capacidad para trasladar a los precios de sus producciones el aumento de costes que supone un petróleo a precio muy elevado y, sin embargo, las grandes cadenas de distribución están abandonando su guerra de precios para trasladar al consumidor final el aumento de los gastos que supone un precio de la energía alto. El agricultor paga por el gasóleo agrícola un 45% más que lo que abonaba en enero del 2010.