Rafaela no conoció a su madre. Nació en febrero del 36 y a Enriqueta Lorenza Alvarez la fusilaron aquel mismo año en agosto, cuando tenía 28 años. Se ganaba la vida con un puesto de jeringos, era viuda de un jefe de la Porcelana y tras su muerte dejó tres niñas solas: Manoli, Enriqueta y Rafaela. "Mi hija es su viva estampa", comenta emocionada Rafaela al buscar y encontrar en el muro el nombre de su madre. Ha acudidado al cementerio con su marido, Santiago, y con su hija, Rafi Caballero. Precisamente la nieta de Enriqueta es quien hace dos años decidió desenterrar el pasado familiar. "Casi nadie hablaba de mi abuela, ni siquiera mi madre", recuerda con extrañeza, aunque el silencio ha sido la nota común de muchas historias de la dictadura.

La generación truncada por la guerra civil calló por miedo o vergüenza, pero no así la generación de sus nietos. "Busqué a mi abuela hasta que la encontré en el registro civil, ahora en estos muros ya hay un sitio para recordarla, para traerle flores. Ella está enterrada en la fosa común de La Salud", cuenta. La de Enriqueta fue una historia siniestra, como las de tantos otros: "Cuando mi bisabuela vino a buscarla en el 36, alguien le dijo: no corra más, ya está en la zanja". No tuvo juicio. ¿De qué se le acusó? La familia cree que todo fue una venganza contra su marido, que era republicano y cuando murió su ataud recorrió media Córdoba con la bandera tricolor.

Manuel Zafra vio por última vez a su padre con 3 años. Vivían en los Olivos Borrachos, y un día "la Guardia Civil y la Falange se llevaron a todos los que tenían entre 16 y 40 años. Mi padre no tenía ninguna relación ni política ni sindical, era trabajador de la constructora naval en la Electromecánica y tenía entonces 36 años. El 20 de agosto lo mataron en la saca famosa de la cárcel". Tampoco tuvo juicio. ¿De qué se le acusó? Con cinco hermanos, Antonia Sánchez, la viuda salió adelante con muchos apuros y más dignidad: "Estamos muy orgullosos de ella porque luchó mucho. Rechazó una paga del gobierno porque había que firmar que mi padre había muerto en el frente. Ella se negó, no quería nada de ellos".

José María Cuadra Orellana, abuelo de José Joaquín Cuadra, concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento, también fue fusilado y enterrado en la fosa común de San Rafael. Su nieto cuenta lo que a su vez le contó su padre, que a José María lo mataron por vender novelas por entregas y, al parecer, pasar entre sus páginas propaganda comunista el 3 de diciembre del 36. "Lo detuvieron a las 11 y lo asesinaron a las 4". Sin juicio.

Las historias de Enriqueta, Manuel y José María no se olvidarán ya nunca. Sus nombres están ya escritos en la piedra de los muros de la memoria. La letra es el exorcismo del olvido. Lo que no se cuenta, no pasa. Lo que se escribe, permanece. El parlamentario andaluz de IU, José Manuel Mariscal, considera la fecha de ayer "como un momento histórico para la ciudad de Córdoba, que hay que agradecérselo sobre todo a los foros memorialistas". Mariscal incidió en que "el Ayuntamiento de IU ha dado finalmente cauce a las reivindicaciones ciudadanas y este precioso memorial es ya un ejemplo de dignidad y reconocimiento de las personas que lucharon contra el fascismo y en favor de la libertad".

Juan Luis Rascón, diputado del PSOE y magistrado en excedencia, calificó la inauguración de los muros como "un acto de reconocimiento elemental de la democracia actual a la democracia de entonces, que se llamaba II República. En definitiva, lo que estamos haciendo unas cuantas décadas después es tratar de honrar a los que defendieron la democracia de un golpe militar. Es algo que la memoria histórica de este país se merece. Es así de sencillo y de natural".

Muchos de los asistentes a la inauguración de los muros de la memoria de ayer recordaron al juez Baltasar Garzón. Precisamente en su honor se ha organizado un acto público, que tendrá lugar hoy en la Plaza Mayor de la capital de España y al que asistirán numerosos intelectuales y personajes públicos. En dicho acto será leído un manifiesto para expresar la "repulsa a la pretensión de criminalizar una actuación del juez encaminada a dar tutela judicial efectiva" a los familiares de las víctimas del franquismo.