Hoy es el día de la firma del convenio entre el Ayuntamiento de Córdoba y la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte por el que la Junta de Andalucía aportará, como subvención excepcional, 18 millones de euros para la construcción del futuro centro de congresos. La rúbrica del alcalde, Andrés Ocaña, y el consejero, Luciano Alonso, tendrá lugar en el Salón de Mosaicos del Alcázar de los Reyes Cristianos, ya que se le ha querido dar la mayor distinción posible.

Los representantes de ambas instituciones llegan al acto de hoy precedidos por la última polvareda política sobre el futuro edificio. Polvareda levantada a raíz de las estipulaciones recogidas en el convenio que se suscribe hoy con la Administración andaluza, en la que la Junta especifica que si el Ayuntamiento logra otros inversores será el Gobierno andaluz el que reducirá su contribución (18 millones) al proyecto. Es decir, que las estipulaciones de la polémica observan la reducción de la subvención de la Junta si el Ayuntamiento capta otras aportaciones públicas o privadas.

Mientras que el portavoz del Partido Popular, José Antonio Nieto, insistió en considerar un error intolerable dicha cláusula, amén de tacharla de "vergonzante" o "humillante" para Córdoba; el alcalde de la ciudad, Andrés Ocaña, esgrimía la Ley general de subvenciones para argumentar la postura del equipo de gobierno. Fuentes municipales insistieron ayer que "aunque no se incluyese esa cláusula en el convenio, habría que respetarla porque es la ley la que obliga a ello". En concreto, la norma a la que se alude es el artículo 19 (financiación de actividades subvencionadas) en su punto tercero en el que se dice literalmente: "El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada".

Además de los 18 millones de la Consejería de Turismo, Córdoba dispone de los 9 millones con los que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo aporta. Así las cosas, el Ayuntamiento financiará el coste total (57,7 millones) de este proyecto con 30,7 millones de euros. Precisamente, aunque en el convenio con el Ministerio no se incluye la cláusula de la polémica, la norma obliga al Consistorio a respetar el artículo 19.

Después de la firma con la Consejería de Turismo y antes de que finalice el mes de marzo se habrá iniciado la licitación de la adjudicación de la construcción del inmueble de Miraflores, una operación que será dirigida por la Gerencia Municipal de Urbanismo. Además, habrá que adaptar el plan plurianual de gasto del Ayuntamiento y la adjudicación de la obra podría producirse aproximadamente dentro de cinco meses.