En la comisión permanente de Hacienda del Ayuntamiento cordobés, que tuvo lugar ayer, el concejal del PP, Ricardo Rojas, preguntó al Gobierno local cómo hará la aplicación del ´decretazo´ entre sus empleados y cargos públicos. Asimismo, el grupo popular preguntó al equipo de gobierno los motivos que le llevaron hace ahora dos semanas a refinanciar 133 millones de la deuda municipal y no otra cantidad.
El alcalde de Córdoba, Andrés Ocaña, aludió ayer a que el acuerdo alcanzado en la FEMP da seis meses de tregua para tratar de "reconducir" la situación. Ocaña aclaró que "no es que estemos en una posición de rechazo a que los ayuntamientos contribuyamos a reducir el déficit público", ya que se tomó una "decisión importante para unificar cómo abordar este asunto por parte de todos los cargos públicos de los ayuntamientos y establecer un criterio objetivo que sea homologable con lo que establece el decreto para reducir los salarios". No obstante, precisó que "hay elementos de disfunciones en lo que establece el decreto que hay que resolver".
