El trabajador del centro cordobés de los Hermanos de la Cruz Blanca que fue detenido en Granada el 22 de octubre del año pasado y para el que la Fiscalía de Córdoba pide seis años de cárcel por un delito de abusos sexuales contra un residente discapacitado, continúa en prisión preventiva, a la espera de juicio. La instrucción del caso, que corre paralela a la de los religiosos, se mantiene abierta. Hasta la fecha, la congregación habría pagado unos 5.000 euros a la familia de la víctima, un joven que padece una minusvalía del 86% por retraso mental grave.
En esta causa, el hermano Manolo prestó declaración ante la Policía en calidad de testigo y no como imputado.
