El principal acusado de pertenecer presuntamente a un grupo dedicado al tráfico de drogas y su introducción en territorio nacional, hechos por los que ayer se sentó en el banquillo junto a otras seis personas, negó en el juicio seguido en la Audiencia Provincial de Córdoba que se dedicara al narcotráfico y aseguró que su ocupación antes de ser detenido en octubre del 2007 por el Equipo de delincuencia Organizada Antidroga de la Guardia Civil era la venta de bisutería, oro y plata, además de ropa interior por locales nocturnos junto a su pareja, también acusada.

El fiscal sostiene en sus conclusiones provisionales que Y.E.M. comenzó a ser investigado porque existían "fundadas sospechas" de que se dedicaba a la distribución en Córdoba de importantes cantidades de cocaína, por lo que se intervinieron varios teléfonos móviles que utilizaba éste y su pareja. Así, mediante las escuchas efectuadas, se pudo comprobar que Y.E.M., de común acuerdo con el resto de acusados, contactaba con otras personas para proveerse de cocaína y podía estar aprovisionándose de droga procedente de países suramericanos.

En concreto, según el fiscal, se pudo saber que llegaría un paquete al aeropuerto de Barajas de Madrid remitido desde Panamá, por lo que se controló su entrega. Una vez en Correos en Córdoba, uno de los acusados lo recogió, momento en el que fue detenido y se encontraron 1.637 gramos de cocaína ocultos entre libros y cajas de dulces. El destinatario real del paquete era Y.E.M., que sin saber que quien lo recogió había sido detenido, quedó con él en un cibercafé, momento en el que también fue arrestado, al igual que el resto.

SOLO UNA EXPRESION Sin embargo, Y.E.M. negó ayer en el juicio que se dedicara al narcotráfico y que él fuera el destinatario del paquete procedente de Panamá. Reconoció que en días previos habló con un conocido que lo llamó desde Colombia, pero negó que fuera para avisarlo de un envío. Aunque en esta conversación el interlocutor le dijo que le diera su dirección porque "hay algo volando", según el fiscal, el acusado dijo que solo se trata de una expresión suramericana para referirse "a alguien sin casa".

El fiscal solicita para este acusado 13 años de prisión y otros diez para otras cuatro personas. Otros dos de los acusados se conformaron al inicio de la sesión con penas que suman ocho años de prisión de cárcel al llegar a un acuerdo previo.