La Junta de Andalucía celebró ayer en Córdoba unas jornadas con 60 miembros de asociaciones de personas con discapacidad auditiva para explicarles que la futura ley andaluza que regulará el uso de la lengua de signos facilitará la comunicación de los 4.000 sordos cordobeses con la Administración. La delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Isabel Ambrosio, indicó ayer que la futura norma, cuyo anteproyecto se aprobó en el Consejo de Gobierno del pasado martes, es "fundamental" para "eliminar las barreras comunicativas de este colectivo" y facilitarle el acceso a los servicios de la Administración pública. Además, destacó que el anteproyecto se ha elaborado con la participación de agentes sociales implicados con personas con discapacidad auditiva.

La futura norma, que se aplicará de manera transversal en las distintas consejerías, incorporará medidas concretas que facilitarán la vida de estas personas. Por ejemplo, se traducirá a la lengua de signos española los trámites de gestión para que las personas con discapacidad estén plenamente integradas en la sociedad. Por su parte, la delegada de Igualdad y Bienestar Social, Silvia Cañero, destacó la importancia de la ley para eliminar barreras, ya que propone utilizar las nuevas tecnologías para que los intérpretes puedan acceder a toda la Administración.