García Calabrés rechazó ayer ordenanzas como las de Sevilla, Málaga y Granada por perseguir a prostitutas y clientes, estigmatizando la actividad y sin generar soluciones. Precisamente, ayer entró en vigor en Granada, no sin polémica, una ordenanza que prohíbe la prostitución en la vía pública con multas de hasta 3.000 euros para clientes y prostitutas si se negocian servicios a menos de 200 metros de zonas residenciales, centros educativos, comerciales y empresariales. En el resto del municipio, las multas oscilan entre 1 y 750 euros.
