La semana que culmina puede entenderse como el paso del Ecuador de los acuerdos de fusión Cajasur-Unicaja, con la reforma legal ya hecha y un tiempo que corre para hacer efectiva la integración a comienzos de 2010. También debe de haber sido de las más duras para el presidente de Cajasur, el sacerdote Santiago Gómez Sierra, que ya acumula un camino lleno de dificultades desde que en enero de 2007 asumiera la presidencia de la caja cordobesa.

Han sido unos días de infarto, de altibajos de emociones y de decisiones, de polémica política y de crudos enfrentamientos que no se han resuelto al gusto de la entidad fundadora de Cajasur, el patronato formado por seis canónigos del Cabildo Catedral, pero que han terminado de la única manera que parece posible: siguiendo adelante con el proyecto de fusión con Unicaja que se firmó en julio pasado.

Opción andaluza

Las dificultades de Cajasur no le permiten continuar en solitario, y la única opción es una fusión andaluza: la Junta no solo lo ha dejado claro, sino que tiene el beneplácito y el empuje del Banco de España. Además, en el mismo decreto que reforma la Ley de Cajas para esta fusión se regulan las posible fusiones con cajas de otras autonomías y se impone la previa autorización del Ejecutivo andaluz.

La mayor tensión

La mayor tensión se acumuló el lunes y el martes, pero ya venía cantada de la semana anterior, cuando se iban filtrando los contenidos del borrador de decreto y cada vez se veía más claro que la consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, iba a incluir en la reforma legal lo justo para hacer posible el protocolo de fusión --principalmente la posibilidad de ampliar del 13 al 17% la presencia de la entidad fundadora en los órganos de gobierno de la futura Unicajasur--, pero no las garantías adicionales que reclamaba la Iglesia, en forma de mención específica a la vinculación a Córdoba de la Obra Social y cierto blindaje de sus cuotas de cara a futuras fusiones.

A esas alturas ya estaba descartada, y asumida por la Iglesia, la posibilidad de permitir que los seis patronos de fundación quedaran exentos (en la asamblea, no en el consejo) de la regulación de mandatos que señala 12 años como máximo (sin contar el periodo transitorio) y la jubilación a los 70 años. Esa había sido la polémica de la semana precedente, zanjada por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en una intervención en el foro de El Correo en Sevilla.

El lunes, ante la certeza de que la Junta de Andalucía no incluiría sus peticiones en la nueva ley, hubo una consulta desde Cajasur al Banco de España, buscando su mediación ante la autoridad autonómica e incluso explicando la posibilidad de renunciar a seguir adelante con la fusión. De haberse llevado esa propuesta al consejo, probablemente el Cabildo hubiera ganado la votación pero... Fuentes de la entidad han señalado que la alternativa era acogerse al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), lo que, en la práctica, sería quedar en manos del supervisor financiero, o algo peor. No obstante, por la noche, tal era el descontento de la entidad fundadora que difundió un comunicado que cayó como una bomba en las redacciones. En él, los patronos de fundación decían que los términos del decreto ley que la Junta iba a aprobar al día siguiente eran "inasumibles" y añadían que, en esas condiciones, "descartarían" seguir adelante con la fusión.

Extrañeza

Desde la Consejería de Economía se muestra extrañeza, y se asegura que en esos momentos (cerca ya de las once de la noche, e insisten en esa versión a medianoche) se seguía negociando con los interlocutores de Cajasur. Cuando al día siguiente la consejera compareció en la Casa Rosa, tras la sesión del Consejo de Gobierno, se la veía tranquila e, igual que hizo la noche anterior el presidente de Unicaja, Braulio Medel, atribuyó el comunicado de Cajasur a las tensiones propias del proceso negociador.

La reforma se aprobó con una pequeña concesión a las peticiones de la entidad fundadora de Cajasur, introduciendo numéricamente --para que los redondeos de los porcentajes no dieran luego problemas-- el número de representantes del Cabildo en los futuros órganos de gobierno de la caja fusionada. Sin embargo, no se atendieron las otras solicitudes, lo que para el Cabildo suponía que los acuerdos no tendrían las garantías legales a las que aspiraban de cara al futuro. La Junta opina que son aspectos que deben regularse en estatutos. El Cabildo teme que en el futuro se diluya una institución con 150 años de antigüedad.