El estudio sobre la demanda de vivienda que realiza el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA) en la capital estará concluido a finales de julio o en agosto. Esa es la previsión del director general de Vivienda y Arquitectura de la Junta, Rafael Pavón, que se reunió ayer en Córdoba con los alcaldes de la provincia para explicarles el contenido de la orden que regula el registro de demandantes. Según Pavón, el estudio "nos va a dar una dimensión exacta de las necesidades de vivienda protegida y de renta libre".

El estudio sobre las necesidades de vivienda en Córdoba se está haciendo a través de 6.284 cuestionarios. El trabajo es fruto de un convenio firmado por la empresa pública de la Junta EPSA, el IESA y la empresa municipal Vimcorsa.

Pavón, junto con el delegado provincial de Vivienda, Francisco García, recordó a los alcaldes la obligatoriedad de tener sus registros de demandantes antes del 26 de diciembre, con lo que tienen hasta el mes de septiembre para configurar las bases de esta lista de solicitantes de VPO. Ese mismo mes, los interesados en un piso protegido ya podrán inscribirse en esos registros, que serán los que regirán todas las adjudicaciones a partir de ahora. En el caso de Córdoba será lo más probable porque es el ayuntamiento que tiene más avanzada esta tarea, ya que trabaja desde hace tiempo en la elaboración de las bases de datos. Los interesados podrán elegir un máximo de tres municipios para inscribirse, señalando el orden de preferencia. Podrán entrar en la lista tanto a título individual o como unidad familiar o de convivencia e informar del tipo de vivienda que quieren, del régimen al que aspiran, del número de dormitorios y si necesitan un piso adaptado.

La aplicación informática que la Junta pondrá a disposición de los ayuntamientos permitirá cruzar los datos entre distintas administraciones (Agencia Tributaria, Ministerio del Interior, INE y Catastro) para evitar engaños y comprobar datos como ingresos, lugar de empadronamiento y si tiene una vivienda en propiedad.

Los alcaldes aprovecharon la reunión para plantear dudas como qué ocurre cuando un municipio tiene menos demanda de VPO que la reserva del 30% obligatoria o cuando falta financiación para la construcción. Es este sentido, Pavón sugirió realizar innovaciones al PGOU o el alquiler con opción a compra.