La deuda viva del Ayuntamiento sigue subiendo. El gobierno local ya no está esperando solo que la Junta le autorice el préstamo de 33,5 millones aprobado recientemente por la Junta de Gobierno local para sufragar las inversiones previstas, entre ellas los 10 millones del centro de congresos. Ahora, está pendiente de algo más, de que la Junta le permita endeudarse por otros 38 millones para afrontar el déficit del 2008, con lo que el montante que depende de autorización autonómica se eleva ya a casi 72 millones. El Pleno aprobará mañana la concertación de una operación de crédito para lograr los 38 millones en el marco del real decreto del Gobierno de medidas extraordinarias y urgentes para pagar deudas pendientes. También debatirá el plan de saneamiento imprescindible para conseguirlos, que viene con reparos de Intervención, que deberán subsanarse. Los 38 millones los conseguirá gracias a un préstamo sindicado del Banco Bilbao Vizcaya (25 millones) y Deixa Sabadell (13).

El delegado de Hacienda, Alfonso Igualada, explicó que en seis años, de los que dos son de carencia para abonar intereses, se sufragará el déficit, que asciende a 36,9 millones más un millón por facturas que se arrastran de ejercicios anteriores. Igualada insistió en que es una liquidación "ficticia", desvirtuada por la multa del empresario Rafael Gómez, 24,6 millones previstos y no cobrados, con lo que la liquidación hubiera arrojado un déficit de 4,2 millones. Por último, aseguró que "están garantizados todos los servicios básicos y con una presión fiscal baja". En este sentido, dijo que el impuesto de bienes inmuebles es el más bajo de Andalucía, 218 euros cuando se paga como media 245.

Intervención ha puesto reparos al expediente de las facturas sin crédito --el que proporcionará un millón de euros-- porque el plazo máximo para la operación de endeudamiento es el 26 de julio pero previamente debe entrar en vigor la modificación de crédito que se lleva mañana a Pleno para su aprobación. Cuando salga adelante, debe pasar el trámite de exposición pública de 15 días, con lo que se superaría ese tiempo.

Por otro lado, Intervención también se detiene en el plan económico para el período 2009--2015 y recuerda que el Ayuntamiento tiene aprobado otro para 2009--2011 con previsiones de gastos e ingresos que podrían variar con la nueva operación financiera, con lo que señala que se debían haber incluido para ver la compatibilidad de ambos planes, así como los datos de ejecución del ejercicio actual. Además, señala que el plan debe incorporar un informe técnico que cuantifique las medidas fiscales, de gestión y económicas que propone.