Los grupos municipales del PP y PSOE se acusaron ayer mutuamente de no haber actuado conforme a la legislación urbanística en los trámites seguidos para la aprobación del Plan Especial de la Carretera de Palma y del proyecto de actuación presentado por Arenal 2000 para legalizar las naves ilegales de Colecor, planes ambos que han sido anulados, el primero, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y, el segundo, por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de Córdoba, tal y como adelantó ayer este periódico.
Ante este segundo fallo judicial, que rechaza el proyecto de actuación que iba a legalizar esas naves ilegales, el viceportavoz municipal del PP, José María Bellido, dijo que su partido sitúa dentro de la normalidad esta sentencia, "porque se trata de una consecuencia lógica derivada del rechazo judicial al Plan Especial de la Carretera de Palma, un fallo que fue acatado por el Pleno y que dejaba fuera de cobertura al proyecto de actuación". Bellido añadió que todos estos trámites se iniciaron cuando el PSOE estaba al frente de la Gerencia de Urbanismo y que todas estas actuaciones urbanísticas fueron avaladas durante estos últimos 10 años por los gobiernos formados por IU y PSOE.
Sobre el voto favorable que dio el PP el pasado 17 de enero del 2008 al proyecto de actuación presentado por Arenal 2000, Bellido dijo que se dio el voto a favor "a partir de la valoración de informes favorables emitidos por técnicos municipales".
Por su parte, la viceportavoz del PSOE, María Angeles Luna, dijo que la sentencia que deja sin efecto el proyecto aprobado por el Pleno (el PSOE votó en contra) "avala la tesis de los socialistas" acerca de que "no tenía la consideración de interés público, lo que ha mantenido el PSOE desde el inicio de esta operación". Luna aseguró que, con esta sentencia, "el juez da la razón a las tesis socialistas y deja mal a José Antonio Nieto, que no puede gobernar Córdoba si no acepta la legalidad y si no atiende al interés general".
