El número de solicitudes para obtener la nacionalidad española presentadas en Córdoba durante el 2008 experimentaron un aumento de casi el 300%, al pasar de 687 expedientes informados por la Fiscalía en el 2007 a 1.961 en el 2008. El fiscal delegado de Extranjería en Córdoba, Antonio Rafael Romero, explicó ayer que este incremento se debe a que se han cumplido dos años desde el proceso de regularización de inmigrantes llevado a cabo en el 2005, lo que ha elevado el número de peticiones de nacionalidad por parte de ciudadanos iberoamericanos, filipinos o sefardíes. Sin embargo, la causa principal de este aumento ha sido, según Romero, la concesión masiva de la nacionalidad española a ciudadanos saharauis que tuvo lugar en el 2008 y que requirió una intervención específica de la Fiscalía el año pasado. Esta intervención se debió, por una parte, a la detección de "errores interpretativos" en la aplicación de la norma y de los requisitos para la concesión de la nacionalidad y, por otra, a que se produjo un "efecto llamada" de ciudadanos saharauis y de otras nacionales que acudieron al Registro Civil de Córdoba pensando que obtendrían aquí lo que en otras ciudades se les denegaba. Actualmente, según los datos de la Memoria de la Fiscalía del 2008 presentados ayer, aún hay más de 560 expedientes que, tras haber sido recurridos por el Ministerio Fiscal, siguen pendientes de una resolución definitiva.

Por otro lado, la Fiscalía Provincial de Córdoba emitió en el 2008 un centenar de informes favorables a la expulsión de inmigrantes como medida sustitutiva en procesos penales cuya pena es inferior a seis años, 76 durante el proceso penal y 24 antes de la celebración del juicio oral. En este sentido, el fiscal jefe de Córdoba, José Antonio Martín-Caro, negó categóricamente que "la mayor parte de acusaciones por delitos o faltas que se denuncian en Córdoba sean contra extranjeros". Respecto a la medida cautelar de internamiento que prevé la ley mientras se gestionan los detalles del traslado a su país y como garantía de que se ejecute la expulsión, la Fiscalía de Córdoba emitió el año pasado 41 informes, de los cuales 36 fueron favorables al internamiento y cinco contrarios.

Otro de los datos que incluye la memoria es el número de procedimientos judiciales abiertos por delitos que atentan contra los derechos a ciudadanos extranjeros, tanto por tráfico ilegal de personas como por prostitución coativa, que en el 2005 fueron cinco. Finalmente, el fiscal delegado de Extranjería informó de que durante el pasado 2008 se tramitaron 240 expedientes de matrimonios mixtos en Córdoba (inmigrante--nacional), de los cuales se derivaron diez informes desfavorables ante la sospecha de fraude de ley.